A estas alturas, pocas dudas caben acerca de que los excesos cometidos por Milagro Sala, al amparo del régimen kirchnerista, deben ser objeto de una investigación judicial seria, rigurosa e independiente. La salud de la democracia argentina exige que se acometa sin dilación una gran operación de depuración de responsabilidades por el desvío o la apropiación indebida de dinero público destinado a la ayuda social, por las extorsiones y por el enriquecimiento ilícito de militantes de organizaciones creadas para chantajear al Estado (y a ciertos particulares) en base a su poder de movilización y de ocupación del espacio público.
Pero una cosa es plantearse la lucha contra la corrupción política en estos términos y otra bien diferente es que la reacción del nuevo gobierno se lleve por delante las libertades públicas que prometió restaurar después del largo periodo de asfixia kirchnerista.
En este sentido, la detención de Milagro Sala por cargos triviales, como el de «instigación a los tumultos», se parece bastante a la del opositor venezolano Leopoldo López, quien aún permanece en prisión por liderar una manifestación no autorizada y por, supuestamente, instigar a la comisión de delitos, ejercer intimidación, cometer daños a la propiedad pública, incitar a la creación de disturbios y realizar actos de «terrorismo».
Por muy repugnante que nos parezca el personaje, nadie puede celebrar la detención de la piquetera jujeña como un «triunfo de la democracia».
Aunque se intenta hacer pasar ante la opinión pública la detención de Sala como un acto procesal aséptico, impulsado por los fiscales y libre de contaminación política, el único y verdadero responsable de esta detención es el Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales, sobre quien ahora recae el dudoso honor de ser el primer Gobernador argentino que ha mandado a encarcelar a su principal opositor. Si lo que quería Morales es hacer una demostración de su poder, definitivamente se ha equivocado de método y de objetivo.
Resulta inexplicable que el Gobernador provincial haya ordenado detener a Sala por conductas tan insignificantes, cuando según sus propias palabras, a él le consta personalmente que la líder de Tupac Amaru es culpable de otros numerosos delitos muchos más graves, entre los que se cuentan la malversación de caudales públicos, el enriquecimiento ilícito y el fraude a la administración.
Es igualmente inexplicable que los fiscales jujeños, que tanto celo han demostrado en la detención de Sala, no hayan movido un solo papel cuando esta mujer y sus aliados campaban a sus anchas, cometían toda clase de tropelías en las calles y rutas de la Provincia de Jujuy y mantenían a ojos vista de todo el mundo un gigantesco sistema de corruptelas disfrazado de ayudas sociales a la pobreza.
La precipitación o el ánimo vindicativo del señor Morales le han empujado a cometer un grave error. Por culpa de él, el nuevo gobierno argentino tiene hoy una presa política, como la Venezuela de Nicolás Maduro.
Bien haría el señor Morales en demostrar a los ciudadanos que es capaz de convivir con una oposición dura y activa; que no le asustan los piquetes ni los acampes y que es capaz de hacer cumplir la ley sin recurrir a golpes bajos ni a excusas infantiles. Si -como casi todo el mundo cree- Milagro Sala debe ser sometida a los tribunales de justicia, que sea por lo que debe ser; es decir, por lo más grande y grave, y no por minucias.
Si Milagro Sala no es liberada en las próximas horas, el error del señor Morales se hará mucho más grande aún, y la oposición kirchnerista más visceral e intolerante tendrá servido en bandeja a un nuevo mártir. Si los fiscales jujeños no ejercen su independencia y se dedican a aplicar la ley, sin concesiones, es posible que la líder de una organización de probados métodos mafiosos, termine como Al Capone: condenado a una pena mínima por evasión de impuestos.
Por muy mal camino va el nuevo gobierno argentino si piensa que el único remedio para desmontar el autoritarismo kirchnerista consiste en aplicar un autoritarismo aún mayor. Si de verdad el nuevo gobierno -incluyendo al señor Morales- cree en la libertad y en la democracia, y se propone construir un verdadero Estado de Derecho, debería comenzar por tolerar con gallardía los embates de la oposición organizada y hacer esfuerzos por fomentar la mayor participación de los ciudadanos en los asuntos que nos conciernen a todos.
Para hacer todo lo contrario, es casi mejor volver al régimen anterior.