Los aparentes progresos que Urtubey había hecho en su discurso, al reconocer que en Salta la gente todavía «se caga» de hambre, que el kirchnerismo es una vía política muerta o que la Argentina debe pagar las deudas que mantiene con los fondos buitre si quiere afrontar sus necesidades de financiación en los próximos años, han quedado desvirtuados muy pronto. Después de su repentino ataque de sinceridad, el Gobernador de Salta -considerado por algunos como futuro Canciller de la República- ha entrado en un cono de silencio y se ha cuidado muy bien de expresar su repulsa hacia la condena impuesta por un tribunal venezolano al opositor político Leopoldo López, encarcelado desde febrero de 2014 en la prisión militar de Ramo Verde.
¿Debemos entender entonces que Urtubey aprueba la condena impuesta a López y el juicio que le precedió, en el que se violaron prácticamente todas las garantías del debido proceso?
El gobierno argentino, como muchos otros del continente, no se ha pronunciado al respecto argumentando que hacerlo comportaría una indebida injerencia en los asuntos internos de otro Estado.
Es curioso, porque cuando se trata de asuntos internos de países europeos -como por ejemplo las soluciones que cada país pone en práctica para enfrentar la crisis de los refugiados- las opiniones del gobierno argentino están a la orden del día.
Se podrá decir, por supuesto, que el drama de los refugiados es un asunto internacional (1) y humanitario (2), lo cual es estrictamente cierto.
Pero ¿acaso el encarcelamiento de Leopoldo López no es también un asunto internacional y humanitario?
Decir que no es lo primero comportaría no solo negar la universalidad de los derechos humanos sino también ignorar la realidad, por cuanto los líderes de las democracias más avanzadas del mundo y las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, Amnesty International o Human Rights Foundation, han declarado a López como «el prisionero político más prominente de América Latina».
La Argentina celebra su «triunfo» sobre los fondos buitres tras la reciente votación de la Asamblea General de la ONU, pero al mismo tiempo ignora que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, integrado por expertos internacionales independientes en materia de derechos humanos, ha declarado en octubre de 2014 que Leopoldo López se halla detenido arbitrariamente y que el gobierno venezolano ha violado sus derechos civiles, políticos y constitucionales.
El encarcelamiento de López es también un asunto humanitario, como lo es la situación de cualquier persona sometida a torturas físicas y psicológicas. Pero todavía lo es más desde que en mayo pasado el presidente Nicolás Maduro prohibiera la visita humanitaria a los detenidos Leopoldo López y Daniel Ceballos por parte de los expresidentes Andrés Pastrana, de Colombia, y Jorge Quiroga, de Bolivia.
Si la detención de López fuese solo un asunto de enconadas rivalidades políticas internas, probablemente el papa Francisco no hubiera recibido en Roma a la esposa de López.
Por tanto, si es verdad que Urtubey ha alcanzado la madurez personal, ha recuperado (parcialmente) la sensatez política y desea sumar puntos para ocupar un alto cargo en el próximo gobierno nacional, debería ya mismo condenar sin reservas el injusto encarcelamiento de Leopoldo López, y exigir su inmediata liberación, sea por la concesión de un indulto, sea por la anulación de su condena.