Todos los caminos conducen a Roma

  • Amigas y amigos: Hoy se inicia un nuevo año. El 2020 será recordado por la pandemia y sus efectos, pero también, en Salta, el año ha concluido con una decisión judicial que renovó la sospecha de protección de la corrupción, por parte de jueces que responden a intereses ajenos a la Justicia.
  • Columna de opinión

La sentencia que generó indignación fue la tomada por el juez Martini de apartar a la Fiscal Simensen de Bielke y anular parte de la evidencia en la investigación que llevaba adelante en contra del Comisario Mamaní de Apolinario Saravia, por la comisión de delitos muy graves.


El rechazo a esta decisión trascendió las fronteras de Salta. Jean Michel Bouvier, el padre de la joven francesa brutalmente asesinada en 2011, le ha dirigido una carta de apoyo y solidaridad a la Fiscal por su determinación y valentía en el caso en el que hoy está involucrado el Comisario Walter Mamaní. Recuerda Bouvier que en 2014, en el juicio por las violaciones y asesinatos de su hija Cassandre y su amiga Houria se demostró la culpabilidad de Mamaní en el complot tendiente a orquestar la condena de Daniel Vilte.

Lo que Martini ha desnudado, sin intención, es la posible maniobra político-judicial de continuar protegiendo a Mamaní. ¿Por qué la política y la justicia lo protegen? Probablemente porque no quieren que hable. El ascenso meteórico del policía Mamaní, su protección primero en el ámbito del Ministerio Público a cargo entonces de López Viñals, la posterior consagración de Mamaní como comisario de Apolinario Saravia, me lleva a presumir que el armado de pruebas falsas para incriminar a inocentes, pudo haber sido realizado en el caso de las jóvenes francesas, en cumplimiento de “órdenes superiores”. Recordemos que Mamaní no actuaba sólo en ese caso, lo hacía con Rodrigo Emanuel Bautista. ¿Sigue Bautista con el Procurador Cornejo? y ¿qué pasó con el caso por torturas contra este policía?

Tampoco parece casual que el juez Martini sea el mismo que condenó a Clemente Vera a prisión perpetua por el crimen de Cassandre y Houria, sin pruebas que lo incriminaran. Esa decisión arrasó con todas las garantías constitucionales.

Cuando un juez condena a una persona sin pruebas, violando la Constitución, las leyes y los derechos humanos; cuando un juez dinamita una investigación para proteger a un policía corrupto, pierde legitimidad. ¿Es esto lo que sucede con Martini?

Recordemos que el juez de Corte Abel Cornejo fue designado Procurador General en un enroque con López Viñals, impulsado por Urtubey. Pero probablemente no es tan conocido que como juez de Corte, Abel Cornejo fue firmante de la sentencia que le negó a Clemente Vera el derecho de revisión de la condena sin pruebas firmada por Martini. ¡La cadena de coincidencias es alarmante!

El ahora Procurador Abel Cornejo, que al conocerse la decisión de Martini de apartar a la Fiscal, inicialmente hizo una tibia defensa, luego cambió señalando enfáticamente que Sergio Dantur, su subordinado, intenta desestabilizar la pesquisa. Es más, ha solicitado que se investigue si existió connivencia entre el funcionario Dantur y el Juez Martini.

Pero sobre la investigación inicial a Mamaní no vemos ningún avance. Asistimos a una enorme distracción. Igualmente alarmante.

Frente a las negativas repercusiones que tuvo la decisión de Martini, la Asociación de Jueces emitió recientemente un comunicado en el que reclama respeto institucional. Pero es justamente esta Asociación de Jueces la que promovió una acción judicial para violar la Constitución y modificarla de espaldas a la sociedad, con el objetivo de beneficiar a los jueces de la Corte. Se puede argumentar que la Asociación de Jueces nació para violar la Constitución. No es casual que su primer presidente fuera el cuestionado Juez Martini.

La legitimidad de los jueces no es de origen democrático. Su legitimidad se asienta en su imparcialidad o neutralidad, en su modo de actuación, de argumentación y fundamentación. El juez será más o menos legítimo por lo que hace y no por el poder formalmente recibido. Una acción ilegal de funcionarios judiciales y policiales pone en peligro a toda la sociedad.

Bastaría apenas decir “quiero” para que en el 2021 llevemos adelante las reformas necesarias para que Salta tenga una justicia independiente!

Aunque hasta ahora los males descriptos no son culpa del actual Gobernador, espero que no permita que esto continúe.

Hasta la próxima.

(*) Iruya.com publica esta columna con la autorización de su autora, a quien agradecemos su generosidad. Sonia Margarita Escudero es Senadora de la Nación (MC) y fue Secretaria General de la Gobernación de Salta. Originalmente sus escritos son publicados en la web ariesonline.com.ar, de la emisora FM Aries de la ciudad de Salta.