A diferencia de las personas privadas, que mueren y se extinguen, los órganos del Estado y el propio gobierno tienen un horizonte temporal infinito. Esta es la razón por la cual los gobernantes están obligados a adoptar sus decisiones de financiamiento con criterios de solidaridad intergeneracional. Para adoptar decisiones válidas en materia de financiamiento del gasto público, no basta con la sensibilidad de los gobernantes respecto del peso que tales decisiones pueden tener sobre las siguientes generaciones; es necesario también que las actuaciones del gobierno estén rigurosamente controladas por aquellos órganos, integrados por los representantes de la oposición política y parlamentaria, a los que la Constitución asigna la misión del control económico externo del gobierno.
Si el gobierno provincial de Salta pretende endeudarse, no es porque quiera aprovechar la tímida apertura de los mercados internacionales de capitales o la modesta subida de la nota de la deuda argentina otorgada por las agencias de calificación de riesgo. Es porque la esfera del gasto público excede la capacidad de financiación que puede aportar el ahorro corriente. En suma, porque el gobierno ha gastado más de lo que podía y ha fracasado en sus previsiones macroeconómicas.
La necesidad de recurrir al endeudamiento se explica, en otras palabras, por un ahorro insuficiente o por una combinación de consumo e inversión públicas que supera las propias posibilidades.
Pero si examinamos la composición del gasto público en Salta en los pasados ocho años, veremos que el mayor aumento no ha ido a parar a sectores como la educación, la salud, la seguridad o la obra pública. Al contrario, este gobierno, que hoy quiere pagar la fiesta con el esfuerzo tributario que los salteños realizarán mucho más allá de 2019, ha aumentado la planta de personal (el gasto improductivo) hasta niveles nunca antes conocidos.
A ello se suma la enorme brecha o abanico salarial entre la elite de altos cargos de libre designación (la llamada «planta política», opaca e incuantificable) y los trabajadores de la administración común, los agentes de policía, los maestros, los médicos sin jerarquía y los enfermeros, una brecha que este gobierno ha llevado también a sus máximos históricos.
El resultado es un ahogo financiero inédito, que Salta no vivía desde el año 1992, y unas cuentas opacas como las que no había ni en la época de la dictadura militar.
La deriva de la deuda pública que se insinúa desde las más altas instancias del gobierno apunta claramente a una ruptura de la solidaridad intergeneracional. Una ruptura que es mucho más grave y antidemocrática desde el momento en que los órganos de control han hecho dejación de su misión constitucional, por la caprichosa decisión del gobierno de llenar los asientos reservados a la oposición con oficialistas disfrazados de opositores.
Más grave todavía es que la expansión sin precedentes del gasto y el amplio horizonte de endeudamiento no estén llamados a financiar iniciativas capaces de revolucionar el crecimiento potencial de la Provincia. Hasta ahora, lo que ha hecho el gobierno es financiar un exceso de gasto corriente, que se disfruta en el presente, pero cuyo costo asumirán otros contribuyentes en el futuro.
Si a finales de 2007, Romero dejó las finanzas de la Provincia en relativo orden, no fue sino porque el exgobernador aspiraba a seguir controlando los resortes del poder, a través de alguno de sus dos sucesores (Wayar o Urtubey).
Pero aunque los apetitos de poder de Urtubey superen holgadamente a los de Romero, el actual Gobernador sabe que no podrá, ni queriendo, decidir quién lo sucederá en el año 2019. El riesgo de que Urtubey, en lo que queda de su tercer mandato, endeude al Estado provincial mucho más allá de sus posibilidades y del límite temporal de su mandato, para pagar el sueldo a sus funcionarios de elite y a sus amigos, es demasiado alto para que los ciudadanos lo asuman con indiferencia.
Cada ciudadano debería dirigirle una carta a los diputados y al senador de su Departamento pidiéndoles que voten negativamente a las iniciativas de endeudamiento futuro que planea el gobierno. Deberían alertar a sus intendentes para practiquen y exijan la disciplina fiscal, al gobierno central y a sus colegas. Y las cámaras deberían comunicar públicamente el resultado de las votaciones, mencionando el sentido del voto de cada legislador, a fin de que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos.