Lo de ‘regular’ es un eufemismo para no decir con la boca más grande que lo que se pretende en realidad es ilegalizar a Glovo; es decir, para hacer imposible que esta empresa pueda contratar trabajadores y operar normalmente en Salta, como lo hace en algunas importantes ciudades del mundo, a pesar de que también en otros lugares los sindicatos tradicionales están que trinan.
Pero mientras en algunas ciudades -por ejemplo, en Madrid o en Barcelona- los sindicatos tienen derecho a quejarse por el modelo laboral de Glovo, en Salta no tienen ninguno. Veamos por qué.
El artículo que he leído dice que, si bien no hay datos estadísticos oficiales, solo en la capital de la Provincia de Salta hay unos 1800 trabajadores, de los cuales solo 370 se encuentran registrados. Es decir, que el sindicato Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios tolera con bastante alegría que más del 83% de los empleados en el sector en el que se desenvuelve su actividad sindical trabajen «en negro», lo que es lo mismo que decir que en régimen de explotación, y sin derechos sociales o laborales de ninguna naturaleza.
Dicen que con Glovo en Salta desaparecerán muchas de las mensajerías que existen, pero eso es lo que debería haber sucedido hace rato, teniendo en cuenta que una mayoría notable de estas empresas tienen a sus trabajadores en condiciones completamente ilegales.
Dicen también los sindicalistas salteños que los trabajadores de Glovo «no tienen aseguradora de riesgos del trabajo» y tampoco tienen «vacaciones, obra social, aguinaldo, paritarias ni aportes patronales». Pero dígannos si ¿disfrutan de todos estos derechos los más de 1400 repartidores que trabajan en negro en Salta antes de la llegada de Glovo?
Es realmente ridículo que un sindicalista acuda al Vicegobernador de la Provincia para reclamarle la sanción de una ley «para poner fin a esas app, para que cumplan las obligaciones con el trabajador».
El ridículo es doble, por cuanto es el gobierno el principal responsable de la marginalidad de los trabajadores de Salta (el enemigo más visible de la clase obrera) y no está interesado en absoluto en ponerle trabas a Glovo, ni a ninguna otra empresa parecida. Y es absurdo que un sindicato con más del 83% de los empleados en su sector desprotegidos diga que ilegalizando a Glovo «se cumplirán con las obligaciones para con el trabajador». Poniendo fuera del mercado a Glovo no habrá tales derechos, por cuanto no habrá más que empleo en negro.
La verdad es que el empleo que proporciona Glovo no es de lo mejor que se haya conocido en el mundi, pero su ilegalización nada tiene que ver con la calidad del trabajo que esta empresa proporciona, sino con la comodidad sindical, que prefiere lidiar cara a cara con unas cuarenta empresas locales a las que más o menos se les puede sacar dinero, que hacerlo con una multinacional de dimensiones organizativas un poco más importantes, que utiliza la tecnología de forma intensiva, y que además se conoce casi todos los vericuetos legales para imponer su modelo de negocio.
Si el sindicato que reclama una ley para expulsar a Glovo del mercado fuese realmente eficiente, el número de repartidores en negro, sin derechos de ninguna naturaleza, no sería tan extraordinariamente alto en Salta. Además, recurrir al Estado para que este solucione los problemas que nacen de la propia debilidad e ineficiencia, y pretenda que por medio de una ley se liquide a la competencia, es de mal perdedor.
Lo que debe hacer la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios es intentar afiliar a los repartidores de Glovo y representarlos colectivamente. Oponerse a que existan, no perjudica a Glovo (que puede hacer las valijas y largarse a otro sitio) ni protege especialmente a los trabajadores mal empleados. A quien perjudica es a los cientos de trabajadores salteños que se sienten atraídos por el modelo de Glovo, como lo están en otras ciudades del mundo, muy a pesar de los sindicatos y de su legitimidad. Legitimidad que, por cierto, los sindicatos no tienen en Salta.