Según la comunicación oficial del gobierno provincial de Salta, la actividad formativa ha sido organizada de forma conjunta por la Secretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, las 62 Organizaciones Peronistas, la Confederación General del Trabajo y el Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.
Notable ausencia la de las dos universidades locales.
De esta noticia llama la atención, primero, el hecho de que el gobierno y la corporación de abogados asuman el rol de proveedores de formación para los sindicalistas, y, segundo, que la ministra Graciela Pinal de Cid (y no los sindicalistas) haya dicho que «se realizarán nuevas capacitaciones atendiendo a las problemáticas más requeridas por las instituciones participantes».
Si bien la intervención del gobierno o de los abogados en la formación sindical no es de por sí reprochable, no es lo más recomendable cuando los sindicatos ocupan, como en este caso, una posición claramente subordinada en el proceso formativo.
En aquellos países en los que se respeta la libertad sindical y el funcionamiento de los sindicatos es autónomo e independiente tanto de las corporaciones profesionales como de los gobiernos, la formación de sus cuadros responde a programas diseñados y generalmente ejecutados por los propios sindicatos, que si alguna vez necesitan acudir a instancias superiores de conocimiento, o bien recurren a otros sindicatos (nacionales o internacionales) o directamente envían a sus dirigentes a las universidades, a tomar cursos regulares.
En algunos países en donde los sindicatos son fuertes y tienen un alto nivel organizativo, los mismos sindicatos tienen expertos contratados y son ellos los que enseñan al gobierno y a los abogados. No al revés.
Pero en Salta, en donde se da por hecho que «el sindicalista sabe menos que el gobernante» en materia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, de temas de permisos retribuidos, salarios, conflictos, extinción del contrato de trabajo e indemnizaciones, son los funcionarios del gobierno (y, sorprendentemente, los abogados) los que forman a los sindicalistas. Y lo que es más grave: ¡lo hacen a pedido de estos!
Es llamativo y contradictorio al mismo tiempo que la ministra Pinal de Cid haya dicho que el objetivo que persigue su gobierno (junto a los otros organizadores) sea el de «fortalecer la defensa de los derechos laborales y el cumplimiento de las normativas vigentes», cuando su gobierno es, precisamente, el enemigo número uno de los derechos de los asalariados en Salta y garante del incumplimiento de las leyes vigentes sin consecuencias jurídicas de ninguna naturaleza.
Si la ministra está tan interesada en que se cumpla la ley y se respeten los derechos de los trabajadores, a quien debería dar cursos es a sus inspectores (que son los que ignoran la primera y pisotean los segundos), y no a los sindicalistas, que hacen lo que pueden para defenderlos.
Si además de permitirle al gobierno una tasa de empleo no registrado superior al 54% y tolerar que los propios inspectores de trabajo a sueldo del gobierno trabajen en negro (situación pocas veces vista en el mundo), los sindicatos le abren la puerta a los funcionarios para que ellos enseñen lo que los sindicalistas deberían enseñarle a los funcionarios, es que algo funciona muy mal en materia de relaciones de trabajo en Salta.