Por increíble que parezca, el gobierno se empeña en convencer a los incautos salteños de que si no fuera por sus funcionarios, los derechos que están previstos en la leyes no tendrían ninguna utilidad en Salta.
Esta es la enseñanza que se desprende de la información oficial del gobierno provincial que dice que la Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia, señora Paula Bibini, ha gestionado ante «Nación» beneficios para los extrabajadores del ingenio San Isidro.
Al hablar de estos beneficios, Bibini ha hecho referencia a tres situaciones:
1) Que el Ministerio de la Producción del gobierno federal conceda ayudas a los extrabajadores;
2) Que gestione ante los antiguos propietarios del ingenio el pago de la mitad de las indemnizaciones de los obreros;
3) Que el gobierno federal conceda a los mismos obreros «un fondo de desempleo ampliado que se da en carácter de excepción».
Es decir, que lo que lo que teóricamente Bibini «negocia» no es otra cosa que la aplicación de la ley a unos trabajadores que, con independencia de voluntad de esta señora y de su gobierno, van a poder acceder a estas ayudas, porque están previstas en normas jurídicas anteriores, de las que el gobierno federal no puede escaparse.
En los tres casos se trata de derechos, no de prestaciones magnánimas del gobierno.
Quizá lo peor de todo es saber que la ministra Bibini ha dicho eso de que «toda ayuda es bienvenida para los trabajadores y sus familias», ya que si realmente así pensara, esta es la hora que en vez de andar rebotando de escritorio en escritorio en Buenos Aires, hace rato que el gobierno de Salta habría socorrido a los antiguos trabajadores del ingenio con sus propios recursos.
Es evidente que si Bibini, en vez de viajar a Buenos Aires, se hubiera quedado sentada en su oficina de Salta, los trabajadores de San Isidro, que no necesitan de una «madrina» que haga de procuradora de sus intereses, accederían de todas formas a las ayudas del gobierno federal. Si estas solo estuvieran disponibles a condición de que venga alguien con rango de ministro desde Salta y las pida, es que algo funciona muy mal en el sistema de relaciones de trabajo de la Argentina.