La ejecutiva de la seccional Salta del sindicato Unión Tranviarios Automotor ha decretado estado de alerta y movilización para los trabajadors del transporte público de pasajeros del norte de la Provincia. Según expresa el sindicato en una comunicación oficial, la medida obedece al incumplimiento por parte de las empresas de los acuerdos salariales y a la falta de regularización, por parte del gobierno provincial, de la situación contractual de las empresas que prestan del servicio. Dice UTA que viene exigiendo desde hace diez años «la regularización definitiva», mediante licitación pública, de las diferentes rutas. Denuncian el estado de «absoluta precariedad» en que se desenvuelven las empresas y sostienen que esta situación provoca, entre otras consecuencias, prestación de malos servicios, la vulneración permanente de los derechos de los trabajadores, el incumplimiento de las normas de protección social y la inaplicación del convenio colectivo.
«Estas irregularidades se evidencian en las indebidas percepciones de beneficios que se otorga a las empresas prestadoras, como la tasa diferencial del precio del gasoil, SITAU y C.C.P., beneficios que, obviamente, no se reflejan ni en el tipo de unidades con el que se presta el servicio, ni en el pago de las remuneraciones conforme Convenio Colectivo de Trabajo, ni mucho menos en la calidad del servicio que prestan al público usuario», dice Oscar Cruz, titular de UTA Salta, en una carta remitida al presidente de la Comisión de Regulación de Transporte de Salta.
En la misma comunicación, UTA pide al gobierno que adopte «un marco de regulación y de sustentabilidad» para los servicios que prestan las empresas del interior provincial, y que se cumpla con la resolución Nº 669/2014, de la Secretaría de Transporte de la Nación, que instrumenta el programa de reordenamiento del sistema de transporte automotor de pasajeros por carretera interjurisdiccional, en virtud del cual cesan los permisos de explotación a partir del 1º de agosto del corriente año.
Recuerda UTA aquellas empresas que hayan manifestado su adhesión a dicho programa nacional seguirán prestando servicios «hasta tanto se instrumente el proceso licitatorio».