El gobierno provincial de Salta ha informado este mediodía que la Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, señora Graciela Pinal de Cid, ha mantenido una reunión con representantes del sector panadero en Salta.
Si bien la información no menciona ni el nombre de los panaderos asistentes ni su representatividad, se dice que la finalidad de la reunión ha sido la de oír las necesidades más urgentes de los trabajadores del sector, lo cual tampoco permite saber si a dicha reunión han asistido empresarios panaderos o trabajadores de esta rama de industria.
De acuerdo con la información suministrada por el gobierno, al cabo de la reunión las partes han acordado coordinar acciones conjuntas entre «el sector público y el sector privado», aunque más bien habría que decir que el compromiso es el de coordinar actuaciones entre el gobierno y las empresas panaderas, ya que en Salta, a nivel provincial, no existe un «sector público panadero».
Dichas acciones conjuntas tendrán por objetivo «reducir la práctica ilegal de la actividad».
El gobierno también se ha comprometido con los panaderos a «ofrecer soluciones», como el régimen de pago de deudas impositivas o el aumento de los controles a las panaderías salteñas, que a primera vista no parecen soluciones muy consistentes que digamos.
Dice el gobierno que el mencionado régimen pagar hasta el 12 cuotas y sin costo de financiamiento las deudas tributarias y que la moratoria transitoria para las deudas expiró el pasado 31 de diciembre de 2018. También permitirá a los contribuyentes retomar un plan de pago que haya caído por cuotas impagas sin perder los beneficios pautados. Además incluye las obligaciones que están en trámite de determinación de oficio, de discusión administrativa o judicial.
Más que orientadas a combatir la ilegalidad, este sistema parece diseñado para facilitar a los panaderos legales el cumplimiento de sus obligaciones.