El anuncio ha sido efectuado hoy por dos ministros del gobierno provincial de Salta: los señores Carlos Parodi y Roberto Dib Ashur, titulares de las carteras de Economía y Educación, respectivamente.Si bien el estrambótico anuncio será comprendido por la mayoría de los trabajadores del Estado, conviene traducirlo al castellano, para que la medida sea entendida en su cabal alcance por personas no iniciadas en la jerga laboral de la burocracia estatal salteña.
Lo que el señor Parodi ha querido decir es que el cálculo del llamado Sueldo Anual Complementario de los trabajadores de la administración pública provincial (la paga extraordinaria equivalente a la doceava parte del salario que percibe el trabajador durante un año natural) incluirá no solamente aquellos complementos del salario que remuneran trabajo efectivo y que, por tanto, están sujetos a las cotizaciones de la seguridad social, sino que también incluirá aquellos otros complementos salariales denominados 'no remunerativos'. Esta categoría comprende: (1) las cantidades extrasalariales que los trabajadores públicos reciben como consecuencia de la relación de trabajo, pero que no retribuyen ni el trabajo efectivo realizado, ni los periodos de descanso que se computan como si de trabajo efectivo se tratase y (2) las cantidades que en realidad remuneran el trabajo del agente, pero que han sido (fraudulentamente) incluidas en su liquidación de sueldo como no remunerativas con la intención de eludir su cotización a la seguridad social o de rebajar la base de cálculo de derechos de los trabajadores como el de la jubilación, o de ambas cosas.
Dicho lo anterior, conviene aclarar también que esta medida, considerada demagógica como otras que el gobierno ha adoptado en los últimos 45 días, se llevará a efecto el próximo mes de diciembre, de acuerdo con lo que prevé el Decreto 1922/14. Según el gobierno, el pago de estas cantidades obligará al gobierno a desembolsar la cantidad de 82.000.000 de pesos argentinos.
El Ministro de Economía aclaró -aunque no era necesario- que las asignaciones familiares y los llamados incentivo docente y adicional nacional no serán incluidos en el cálculo del aguinaldo porque así lo impone la ley que obliga a pagar determinadas cantidades por estos conceptos.
El funcionario también ha dejado claro que el gobierno está en condiciones de afrontar este gasto suplementario, ya que los niveles de recaudación fiscal así lo permiten. «Entendemos que estamos en condiciones de asumirlo», ha dicho Parodi, consciente de que cuando se haga efectivo el pago del aguinaldo el gobierno de Urtubey habrá entrado en su último año de mandato.
En relación al conflicto que el gobierno mantiene con los docentes, el funcionario ha aclarado que el 40 por cien de los 82 millones que gastará el gobierno en inyectar felicidad a las navidades de los empleados públicos irá a parar al bolsillo de los docentes de Salta.