La situación de precariedad y explotación laboral que afecta a trabajadores y empleados del Ministerio Público de Salta ha sido objeto de una denuncia presentada anteayer ante el Ministro de Trabajo y Previsión Social del gobierno de Salta. La denuncia en tal sentido ha sido presentada por una magistrada en ejercicio -la Defensora Oficial Civil Nº 4 de Salta, Natalia Buira- y se centra en dos hechos que han tomado estado público en los últimos días: 1) el despido o cese de doce "pasantes rentados" que trabajaban en el Ministerio Público de Salta con una antigüedad de tres años; y 2) la contratación, bajo diferentes modalidades, de 220 agentes precarios, al servicio de la misma institución, por el término de un año.
Las medidas fueron adoptadas mediante las resoluciones 9.218, 9.209 y 9.225, suscritas por Pablo López Viñals y Mirta Lapad, dos de los tres miembros del Colegio de Gobierno del Ministerio Público de Salta.
La denunciante sostiene que dichas resoluciones violan el principio constitucional de estabilidad del empleo público, y otros derechos de relevancia constitucional, como el de igualdad de remuneración por igual tarea y los de protección social del trabajo.
Más llamativa, sin embargo, es la denuncia de la violación de los derechos constitucionales a la igualdad y la no discriminación en el ámbito laboral, que la magistrada denunciante considera paradojal, teniendo en cuenta que el Ministerio Público de Salta es un poder del Estado que no solo se halla sujeto a la observancia del principio de legalidad, sino que además es garante del imperio de la ley y de la vigencia de los derechos individuales.
La denuncia pide "la reincorporación inmediata de los despedidos" y la inclusión de todos los contratados bajo figuras precarias en la planta permanente de agentes del organismo.
La presentación también hace hincapié en el amplio abanico de figuras contractuales a que recurre el Ministerio Público de Salta para negar la estabilidad laboral al personal que allí presta servicios y para eludir el cumplimiento de obligaciones para con la Seguridad Social. Así por ejemplo, las "pasantías rentadas", los "convenios de capacitación laboral", las "locaciones de servicios" y los "contratos con factura o monotributistas".
La defensora Buira entiende que se produce una "severísima discriminación laboral", por cuanto la única modalidad constitucional y legal es "el empleo público estable" y que para realizar el mismo trabajo, el Ministerio Público de Salta cuenta con personas sometidas a diferentes condiciones laborales (incluidas las salariales), vinculadas a diferentes estatutos, y que son despedidas en base a diferentes criterios y normas.
Falta de protección social
La denuncia abunda sobre la precaria situación relacionada con la escasa o nula protección social en materia previsional, de salud y de riesgos del trabajo. Se afirma que por los contratados "con recibo de sueldo" se realizan aportes previsionales y de obra social (cobertura de asistencia sanitaria), pero que en tales casos la obra social no se extiende a los familiares del trabajador.Diferente es la situación de los contratados "con factura", por quienes el Ministerio Público no realiza aportes previsionales ni de obra social de ningún tipo. Son los propios trabajadores quienes deben costear estos aportes, con el agravante de que estas contrataciones recortan el derecho a las vacaciones, impiden que se les remunere el presentismo o el título, y que disfruten de licencias por embarazo o enfermedad.
El INADI en la mira
La denunciante ha formulado reserva de presentar una denuncia por discriminación contra el Ministerio Público de Salta ante la intervención central del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), con sede en Buenos Aires, así como ante el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Salta.Dice Natalia Buira que la discriminación laboral y la discriminación por género de que son objeto trabajadores y trabajadoras del Ministerio Público de Salta "es susceptible de ser denunciada ante el INADI, cuya delegación Salta, pese a todas las noticias de público conocimiento, no ha alzado ninguna voz". Pareciera -dice Buira- "que dicha delegación local solo interviene cuando se trata de discriminación cometida por particulares y no cuando es el Estado Provincial el que la comete".