Si "gobernar es comunicar", la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta se parece más a una comisión vecinal de corsos (dicho con los debidos respetos) que a un organismo clave de cualquier Estado moderno. Hace pocos días, la comunicación oficial de la DGR puso en boca de su director, señor Diego Dorigato, unas extravagantes y contradictorias declaraciones sobre la forma en que personal de aquella repartición está poniendo en conocimiento de los puesteros de las llamadas "ferias americanas" la inminente entrada en vigor del régimen de la ley provincial 7.700.
Ahora la historia se repite, por cuanto el parte oficial del gobierno de Salta dice textualmente que "la Dirección General de Rentas comunicó en ferias americanas que tienen plazo hasta el mes de marzo para reglamentar (sic) todas las acciones comerciales informales que realicen".
Probablemente se trata de una confusión verbal entre "reglamentar" (que es un facultad que solo puede ejercer el Poder Ejecutivo, cuando de normas con rango de ley se trata) y "regularizar", que en Derecho significa "legalizar, adecuar a derecho una situación de hecho o irregular". Esto último es lo que tienen que hacer los puesteros de las ferias; es decir, regularizar su situación y no reglamentar nada.
Realmente sería novedoso que el gobierno de Salta permitiera a los feriantes de ropa usada reglamentar sus propias acciones comerciales informales.
La nueva víctima inocente del parte de prensa oficial es ahora el señor Alfredo Valdez, Director de Auditoría de la Dirección General de Rentas, de quien se dice que dijo que "la ley 7700 reglamenta todas las acciones comerciales informales".
Otra vez parece mal empleado el verbo reglamentar, por cuanto el propósito de la ley no es "reglamentar todas las acciones comerciales informales", sino más bien prohibirlas o, para mejor decir, "volverlas formales" a través de la regulación legal.
Decir que la ley 7.700 se propone reglamentar las acciones comerciales informales es casi lo mismo que decir que el código penal se propone reglamentar los homicidios dolosos.
Si el comercio informal es una patología social, a lo único que puede apuntar la ley es a prohibirlo y, en su caso, a establecer medidas de incentivo para que aquellas actividades, que resultan opacas a la fiscalidad del Estado, ingresen a un circuito de formalidad, lo que no supone otra cosa que deban adecuarse a la ley y cumplir con lo que ésta manda.
Solo cabe añadir que la DGR ha hecho saber a los interesados (propietarios de ferias y puesteros) que pueden realizar consultas y solicitar información sobre la ley en el Subprograma de Auditoría Fiscal (calle Balcarce 30 – 2° piso) de lunes a viernes de 8 a 14.
¡Menos mal que existe esta oficina y que los puesteros no se informarán solamente a través del parte de prensa!