La información oficial del gobierno de Salta es muy clara: "Joaquín V. González y Río Piedras se suman a la lucha contra el narcotráfico". No hace falta ser un experto para darse cuenta de que semejante noticia sugiere que al menos estas dos importantes localidades de Salta no estaban "sumadas" con anterioridad a la lucha contra el narcotráfico o, en otros términos, que esta lacra social era, en aquellos lugares, una actividad "no combatida".
Leyendo un poco la noticia, uno se entera de que la "sumatoria" de Joaquín V. González y Río Piedras a la lucha contra el narcotráfico no consiste en una brigada del tipo S.W.A.T. desplegada por los intendentes, ni en una batalla puerta por puerta, sino simplemente en un teléfono (el 0800– 555–DROGAS (3764) en el que, según el gobierno, "se puede denunciar la venta de estupefacientes". ¿En esto consiste la lucha contra el narcotráfico de la que tanto alardea el gobierno?
Lo que es increíble es que los vecinos de Joaquín V. González y Río Piedras no pudieran, con anterioridad a esta imponente inauguración, denunciar ante la autoridad, aunque sea por señales de humo, la venta de droga en sus localidades.
Promover, como lo hace el gobierno, la denuncia anónima de delitos relacionados con la venta de estupefacientes, a través de la línea telefónica gratuita de la Agencia Antidrogas, puede que sea una medida muy efectiva y es de esperar que rinda sus frutos; siempre, claro está, que se respeten los derechos fundamentales y las libertales individuales, amenazadas de forma directa por el anonimato.
Lo que no es bueno -sobre todo para los intendentes Juan Domingo Aguirre y Gustavo Bernardo Dantur- es aparecer ante la opinión pública como funcionarios indolentes, que antes de la aparición del teléfono de denuncias no se habían "sumado" a la lucha contra el narcotráfico y que sus territorios municipales eran, solo hasta ayer, zonas liberadas para los vendedores de droga.
La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es una obligación a cargo del Estado cuyo cumplimiento debe ser uniforme en todo el territorio provincial; es decir, que no puede haber más o menos lucha en función del municipio de que se trate, porque instalar esta idea -aunque sea por un error de comunicación- equivaldría a tender una alfombra roja a los delincuentes para visitar ciertos y determinados pueblos.