Ninguna trabajadora del sector del servicio doméstico "cumple" sus tareas vigilando o espiando a los dueños de casa. La intimidad del hogar familiar es inviolable y un código de conducta debiera imponer a quienes trabajan -y especialmente a quienes han trabajado- en una casa de familia la observación de un riguroso secreto profesional, que incluye la incapacidad para ser testigos judiciales en asuntos en donde está comprometida la intimidad familiar.Es lamentable que la prensa nos transmita que los abogados de la acusación consideran "de interés" conocer los resultados de las "observaciones" de dos empleadas domésticas "mientras desarrollaban sus tareas". El citado interés no está directamente relacionado con la búsqueda de la verdad jurídica objetiva sino con las necesidad de seguir hurgando en la intimidad de una familia varias veces destruida ya por los sucesos que prácticamente todos conocen.
Dice hoy Nuevo Diario de Salta que "mientras tanto se continúa trabajando en la policía para identificar a las mujeres sean adultas o jóvenes que aparecen en los videos para verificar sobre todo la edad de las mismas".
La sola tarea de "identificar" a estas mujeres comporta un atropello a sus derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen. Nadie tiene derecho saber -ni siquiera los policías que investigan un delito- quiénes son las mujeres que mantuvieron relaciones sexuales con el acusado. Siempre cabe la posibilidad de que las mujeres hubieran prestado su libre consentimiento, no sólo para mantener aquellas relaciones, sino también para ser filmadas, de modo que cualquier revelación en tal sentido -sobre todo, tratándose de menores de edad- convertiría al asunto en un escándalo jurídico mayor.
Salta debe ser el único lugar del mundo donde se persigue a los pedófilos causando perjuicio a la intimidad de las víctimas.