Esta vez le ha tocado el turno al Colegio de Arquitectos de Salta, que con la firma de su presidente Gustavo Rodríguez y su secretario Diego Ceballos, ha comparecido por escrito ante el Procurador General de la Provincia, esto es, ante la máxima autoridad del Ministerio Fiscal, para interponer (atención a este dato) una denuncia penal contra otro arquitecto, cuyo particular delito consistió en haber emitido opinión sobre "urbanismo y planificación" en una reunión de expertos celebrada en el pasado mes de febrero y que fuera organizada por la llamada "Comisión de Vecinos del Área Centro".Entienden las autoridades del Colegio de Arquitectos que don Mariano Iriarte (que así se llama el arquitecto que estuvo a punto de convertirse en reo) "no se encuentra matriculado en este Colegio" y que, por lo tanto, "se encuentra haciendo ejercicio de la profesión en forma ilegal".
Por supuesto, el fiscal competente desestimó inmediatamente la denuncia del Colegio de Arquitectos de Salta sin entrar a valorar siquiera la posibilidad de ejercer la acción penal, por cuanto el arquitecto Iriarte (que no ha firmado ningún plano ni otorgado ninguna prestación profesional) no sólo se encuentra en posesión de su título universitario, sino que, además, lo que pudo haber dicho sobre la cuestión se encuentra amparado, y muy bien amparado, en el derecho fundamental a la libertad de expresión.
Pero lo preocupante no es que el Colegio de Arquitectos quede expuesto al papelón público, sino el hecho de que su actuación en este caso, y probablemente también en otros, revela una inadmisible confusión entre el gobierno de la matrícula y el ejercicio profesional (competencias exclusivas del Colegio) y la posesión de la ciencia o el arte sustantivos. Si sólo los arquitectos colegiados en Salta pudieran legalmente "emitir opinión" sobre cuestiones de urbanismo y planificación, estaríamos en presencia de un arte o una ciencia endogámica de muy baja intensidad y expuesta al empobrecimiento perpetuo.
Salvando las distancias, es como si un debate sobre la reforma de la Constitución de Salta (una norma de Derecho) sólo se pudiera realizar en el seno del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y constituir delito el hecho de que cualquier ciudadano opine sobre la misma sin estar apuntado en la matrícula de aquel colegio. Hay cuestiones, como la Constitución, las leyes, el urbanismo o la salud pública, que son del interés de todos los ciudadanos y todos tienen el mismo derecho a aportar a los debates, cualesquiera sean el lugar o la institución que los organice. Pretender que el "ámbito natural" para ventilar estas cuestiones sea el Colegio de Arquitectos comporta restringir injustificada y antidemocráticamente la participación ciudadana.
¿Qué ocurriría si mañana visita Salta el prestigioso arquitecto Santiago Calatrava y a alguien se le ocurriera pedirle una opinión sobre el urbanismo de nuestra ciudad? ¿Se le debería advertir a Calatrava que formular una opinión científica sin estar matriculado en el Colegio de Arquitectos de Salta puede dar lugar a que su presidente y su secretario le acusen ante el fiscal de estar cometiendo un delito?
Utilizando la misma vara de medir del Colegio de Arquitectos, mañana podría resucitar Leonardo Da Vinci, opinar sobre nuestro patrimonio arquitectónico, y ser llevado ante un juez penal por no figurar en los registros del mencionado colegio o por no estar al día en el pago de la cuota.
Nos ha parecido hasta un cierto punto de vista lamentable la defensa que del joven arquitecto Iriarte ha hecho la arquitecta mendocina Rosario Sola ante el fiscal competente. Porque no se trataba aquí de justificar si Iriarte es o no arquitecto, sino más bien el hecho de poder emitir opinión como cualquier ciudadano. Decir, como lo ha hecho Sola, que Iriarte "no se colegió en Salta por un retraso de la universidad en emitir el título" no comporta otra cosa que justificar sumisamente el celo corporativo y dar la razón a los acusadores.
Es de suponer que después de ser víctima de semejante atropello, el arquitecto Iriarte se pensará bien si conviene a sus intereses personales y profesionales pertenecer al Colegio de Arquitectos de Salta.
Pero, sin dudas, lo que más debiera de agraviar a los arquitectos y no arquitectos que tomaron parte de aquella reunión, es que el Colegio de Salta se haya referido a ellos (no en una publicación, sino en un escrito judicial) como personas que no reconocen ni respetan las leyes (Ejercicio Profesional) ni los ámbitos donde naturalmente deben ser discutidos los temas que tanto le preocupan a la Comisión de referencia y que sólo tienden a confundir a la opinión pública".
La acusación de "falta de respeto a las leyes" es sumamente grave y constituye materia para el estudio de una querella criminal contra quienes han formulado tan temerario juicio. Pero los arquitectos firmantes podrían beneficiarse de la eximente de ignorancia de la criminalidad de sus acciones, ya que mal puede juzgar el grado de incumplimiento de las leyes un Colegio que manifiesta desconocer los límites de sus propias competencias legales.
Además, la opinión de los arquitectos sobre el cumplimiento o no de las leyes podría ser también constitutivo de "ejercicio ilegal" de la profesión de abogado.