La igualdad de los ciudadanos ante la Ley no es asunto que sólo concierna a aquéllos, pero sí es un asunto que, en condiciones normales, enfrenta a los ciudadanos con los poderes fácticos o jurídicos organizados en una sociedad determinada. No es extraño suponer que el principal agente de las conductas discriminatorias, esto es, negatorias de la igualdad esencial de los ciudadanos entre sí, es el propio Estado. Cuando algo de esto sucede, son las fuerzas libres de la sociedad las que se oponen al trato discriminatorio, las que lo denuncian y promueven, con mayor o menor acierto, su supresión.Hace algunos meses, la señora Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, presidenta de la poderosa Comunidad de Madrid, salió a escena con una iniciativa por demás polémica: la de la instalación de unos ciertos capellanes en los comités de bioética de los hospitales públicos de la región que hospeda a la capital de España.
De inmediato, los sindicatos del sector sanitario de Madrid (que bastante poca voluntad tienen a la señora Aguirre), salieron a recordarle que la aconfesionalidad del Estado le impide asignar funciones, ni siquiera consultivas, a estos empeñosos capellanes. Y así un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales, personalidades independientes y grupos circunstanciales no organizados.
Otro tanto sucedió recientemente en un antiguo colegio público de la ciudad castellana de Valladolid, luego de que un grupo de padres obtuviera de los tribunales una sentencia favorable a su pretensión de que fueran retirados de las aulas y despachos del colegio nada menos que los crucifijos. Esta decisión fue secundada y contestada casi en igual medida, tanto en Valladolid como en el resto de España; pero es notable cómo la iniciativa y la posterior polémica han sido llevadas adelante y protagonizadas por actores no gubernamentales.
En Salta
Leo con pavor que en Salta, frente a la iniciativa de la dirección del Hospital San Bernardo de construir un oratorio para que las personas puedan rezar por la salud de sus enfermos, en lugar de alzarse la voz de ONG's defensoras de las libertades, de grupos partidarios de la igualdad y libertad religiosas, o de cualquier otro sujeto privado, los cuestionamientos a la iniciativa provienen del INADI, un órgano del Estado, que no es la primera vez que pretende mostrar su cara más proactiva -por decirlo de algún modo- y decide lanzarse a defender la laicidad del Estado mucho antes de que otros, más interesados quizá, dijeran "esta boca es mía".
¿Acaso está el INADI empeñado en impartir a los ciudadanos de Salta lecciones sobre igualdad y no discriminación? Porque la línea de actuación que sigue este organismo consiste en tomar el "manual" en boga y pretender con él "abrir los ojos" de los incautos, que no sabemos distinguir un acto de discriminación aun cuando lo tenemos frente a nuestras propias narices.
Con el debido respeto hacia este instituto nacional y hacia su muy activa representante en Salta, he de decir que el INADI no está en condiciones de enseñar nada sobre las materias de su competencia, por lo menos no a los ciudadanos informados de una sociedad libre. Cuando es el INADI (el Estado) el llamado a "señalar el camino" en materia de igualdad y discriminación, o bien estamos en presencia de un Estado invasor de las competencias de la sociedad civil, o estamos ante una sociedad civil perezosa e indolente.
Es posible que algún funcionario de aquellos que creen que han nacido para mandar, o un empresario desaprensivo necesiten lecciones del INADI, pero me resisto a admitir que este organismo deba ponerse por delante de los acontecimientos y rasgarse las vestiduras por la igualdad religiosa de los dolientes familiares de enfermos graves del San Bernardo, cuando ni los enfermos, ni los familiares ni los representantes religiosos han dicho nada todavía al respecto.
Otra cosa muy distinta sería si el INADI ejerciera sus competencias y llevara el asunto a los tribunales de justicia, una vez que un sólido movimiento social, con razonamientos justificados, así se lo exigiera.
Y si este asunto fuese materia para una plegaria, personalmente no tendría ningún inconveniente en pedirle al Señor del Milagro que pusiera las cosas en su sitio. Llegado el caso, lo haría -como ya lo hice muchas otras veces- en un templo católico, en una mezquita, en una iglesia evangelista, en una sinagoga o en una cabina telefónica, lugares en donde el Dios de los cristianos regularmente "atiende" (no sólo lo hace en Buenos Aires, como reza el dicho popular). Porque en ninguno de estos sitios -afortunadamente- me han pedido el DNI o el certificado de bautismo para rezar, o no rezar, en un respetuoso silencio.