Ya no se trata sólo del discurso, sino también las actitudes concretas de algunos políticos, especialmente los del ámbito municipal. Ambos parecen enderezados a dar plena satisfacción a las demandas de las organizaciones que agrupan a aquellos colectivos de ciudadanos que actualmente operan en la marginalidad; es decir, a primar el "activismo sectorial" por sobre el interés general, oculto tras la pasividad ciudadana.No parece reprochable, en principio, que los poderes públicos se ocupen de estas problemáticas y que realicen todos los esfuerzos a su alcance para encontrar soluciones que contemplen el interés de aquellos actores marginales; pero siempre a condición de que tengan en cuenta también el interés prevalente de los ciudadanos comunes y el de quienes ejercen trabajos lícitos.
Preocupan, sin embargo, las oscilaciones y las contradicciones en que están incurriendo algunos concejales. Desconcierta que lo que ellos valoran como "avances" en esta materia, se cimente, en la realidad, sobre bases falsas, sobre la superficialidad ideológica y sobre una serie de lugares comunes que merecen un estudio más detenido, detallado y profundo.
Sólo por poner mejor de manifiesto estas contradicciones, recuérdese la ambigüedad del presidente del Concejo Deliberante de Salta, que un día expresó a un colectivo de prostitutas su "total apoyo y sostén" a sus demandas y, al día siguiente, descalificó a las mismas personas llamándoles "seres indeseables que sólo inspiran asco". O la impracticable propuesta de otro concejal para despenalizar el ejercicio de la prostitución y, al mismo tiempo, tipificar como delito o contravención la "demanda" de sexo callejero.
El problema más grave
Las autoridades municipales (cuya competencia para resolver la materia en su totalidad todavía está en entredicho) deberían tener en cuenta y no perder de vista nunca, que tanto la prostitución callejera como el llamado "remiserismo trucho" son meros epifenómenos del tráfico de drogas en nuestra ciudad. Hay evidencias incontestables de la conexión entre pequeños y medianos distribuidores de estupefacientes con "chicas de la calle" y transportistas ilegales que trabajan en inusuales horarios nocturnos.
La primera obligación de los poderes de Estado es, en consecuencia, cortar esta peligrosa conexión y atacar, con decisión y valentía, el fenómeno principal, porque de su desarticulación depende, en gran medida, la resolución del resto de los problemas derivados.
Los trabajadores sexuales tienen derechos laborales diferentes
En segundo lugar, los poderes públicos no deben suscribir, y menos de forma acrítica, el discurso en boga que apunta a reconocer derechos laborales y sociales naturales (es decir, fuera del derecho positivo) a "los y las trabajadoras del sexo". Menos aún pueden adherir a la opinión que aboga por un reconocimiento, en un pie de igualdad con el resto de los trabajadores de Salta, que se desempeñan en actividades lícitas.
Se trata de un discurso que a menudo busca su justificación racional en el pretendido carácter ineluctable de la prostitución, en su "venerabilidad ancestral". Pero hay que admitir que, por mucho que se trate de una "profesión muy antigua", el devenir de los siglos y el discurso de sus apologistas no han conseguido hacer de la prostitución más que una actividad, si acaso, apenas tolerable. En otras palabras, que el paso del tiempo y la mudanza de costumbres no han "mejorado", por así decirlo, el status ético de la prostitución, así como tampoco -dicho sea de paso- ha mejorado el del 'trabajo' que ejercen los asesinos a sueldo.
Ello conduce a pensar que cualquier sistema social que bien se precie no puede trazarse como objetivo el "extender" las fronteras de la prostitución sino, al contrario, su deber es restringirlas. Es decir, bregar infatigablemente por reducir este fenómeno a su mínima expresión, hasta hacerlo desaparecer, si ello fuera posible. No se trata de pacatería sino de sentido común. Y este cometido alcanza y compromete también a las denominadas "fuerzas progresistas" de la sociedad. El discurso del feminismo local, por ejemplo, no pasaría de ser una mera ginecolatría si no fuese capaz de avanzar en la condena de esta actividad por degradante de la condición femenina e inhumana.
Es por este motivo que quienes se dedican a la prostitución con finalidad lucrativa no pueden aspirar a disfrutar de idénticos derechos de los que gozan aquellos que -seguramente por razones morales- han desechado la posibilidad de comerciar con la sexualidad de su cuerpo y han optado por trabajar en los talleres de las fábricas, en los surcos, en las oficinas, en las aulas o detrás de los mostradores.
El reconocimiento de la cualidad de "trabajadores" hacia quienes ejercen la prostitución debe efectuarse, en consecuencia, con el máximo cuidado, no sólo para evitar incurrir en una injusta discriminación positiva de estas personas y enviar a la sociedad un peligroso mensaje en favor del "trabajo fácil", sino también para no caer en una gravísima discriminación peyorativa de una enorme masa de ciudadanos que trabaja -a veces, muy sacrificadamente- en actividades auténticamente productivas y socialmente mucho más valiosas.
En cualquier caso, los poderes públicos deben recordar que el mandato recibido de nuestras constituciones les obliga a promover solamente el "trabajo digno", con lo cual, o bien se empeñan en la imposible tarea de "dignificar" la prostitución, o trabajan para alcanzar el más asequible objetivo de abordar el fenómeno, no tanto desde la óptica laboral, sino desde la tutela de derechos fundamentales aún más básicos, como el derecho a la vida y a la salud de los ciudadanos.
Una eventual tolerancia o legalización de la prostitución callejera -a pesar del deseo de algunos- no podría ser nunca interpretada como una tardía revalorización ética de esta actividad, sino, simplemente, como una opción de política legislativa capaz de contribuir al control de otras graves problemáticas anejas.
A nadie se le ocurriría pensar, por ejemplo, que la legalización del consumo de drogas, que proponen con mucha seriedad algunos expertos sociales, conduzca a hacer de esta actividad algo moralmente valioso o deseable. Lo mismo sucede con la prostitución, condenada a mantener sus estándares éticos bajo mínimos, aun en el improbable supuesto de que el Estado apostara por su promoción.
Diez claves para enfocar el problema
De lo que se trata entonces es de avanzar en una legalización de la prostitución que suponga:
1. Su despenalización, es decir, la ausencia de cualquier consecuencia penal o contravencional por el hecho de su ejercicio.
2. Su reglamentación, con el objetivo primordial de tutelar la salud de los ciudadanos, tanto de los que ejercen la prostitución, como de los que se benefician de ella. En un segundo plano, deberá situarse el objetivo de tutelar los intereses de los vecinos de los barrios que se ven afectados por la prostitución callejera.
3. La persecución implacable de la explotación sexual y la trata de personas, es decir, del ejercicio no consentido (forzado) de la actividad y de la expropiación injusta de las rentas por cualquiera otra persona que no sea quien efectivamente ejerce la prostitución.
4. La penalización de la intermediación remunerada, poniendo especial énfasis en acabar con la actividad de algunos recepcionistas y empleados de establecimiento que hospedan pasajeros, que cobran porcentajes por mantener una "lista de contactos".
5. El establecimiento de un registro público, de acceso condicionado, que acabe con el anonimato en el ejercicio de la prostitución y prohiba las "dobles identidades".
6. La articulación con los servicios públicos de salud, encargados que serán de controlar la salud de quienes deseen dedicarse a esta actividad, mediante la sumisión a controles clínicos periódicos.
7. La revocación inmediata de la autorización administrativa para ejercer la actividad a aquellas personas que, bajo cualquier título, sean portadoras de drogas, de armas o que contraten con menores de edad.
8. La habilitación de locales especiales y la prohibición del comercio sexual concertado a través de empresas operadoras telefónicas o de transporte de pasajeros, cualquiera sea su status legal.
9. La reducción de los poderes discrecionales de la policía en esta materia y el cese de la represión injusta en forma de castigos físicos, abusos sexuales o exacciones ilegales.
10. El mayor control de los poderes públicos sobre actividades a veces injustamente promocionadas como "culturales", como los corsos, las comparsas, los bailes de carnaval, cuya conexión con la prostitución se ha venido incrementando durante los últimos años.
No confundir prostitución y travestismo con orientación sexual
Por último, los poderes públicos y, en especial, los concejales de Salta deben tener en cuenta que el ejercicio de la prostitución no forma parte de esa esfera tutelada de libertad que se conoce como la "orientación sexual" de los individuos, en donde, según una conocida tipología, caben heterosexuales, homosexuales, asexuales, bisexuales y pansexuales.
Así, mientras ningún ciudadano puede ser discriminado por tener una orientación sexual determinada, el tratamiento diferencial de la prostitución y el de quienes la ejercen, por el hecho de ejercerla, no vulnera el derecho constitucional a la igualdad.
En otros términos, si acaso más contundentes: Mientras la orientación sexual ha recorrido un largo camino para ser admitida en el selecto club de los derechos humanos, es muy difícil que el ejercicio de la prostitución (cualquiera sea la orientación de quien la ejerce) pueda alcanzar tal consideración. Más contundente todavía es el razonamiento que niega a la pedofilia el carácter de "orientación sexual" y la condena como una práctica aberrante, en casi todas las épocas y culturas conocidas. Ello conduce a la conclusión de que no todas las conductas sexuales posibles son reconducibles a la idea de "orientación sexual" y que algunas prácticas efectivas, como la prostitución o la pedofilia, exceden los límites reconocidos a la libertad sexual de los individuos.
Conclusiones
En resumen, que el Estado debe intervenir sin dilaciones en este terreno, sin cometer el error de dejarse llevar por quienes pretenden colocar a la prostitución por encima de otros graves problemas, como el tráfico y el consumo de drogas, la falta de educación, las dificultades de acceso a la salud o la extensión de la pobreza. Las auténticas "políticas de Estado" deben estar orientadas a conjurar estos problemas más graves.
Que ninguna presión social, por intensa u organizada que sea, puede obrar el prodigio de conferir mayor valor a una actividad cuyo carácter disvalioso, desde el punto de vista moral, debe ser reconocido por todos los actores (incluidos quienes la practican) como condición sine qua non para poder progresar en la materia.
Convertir a la prostitución en una de las "señas de identidad de Salta" supondría un clarísimo retroceso, no ya moral, sino político, sanitario y social.
Que ningún ciudadano, por más que se dedique al ejercicio de la prostitución, puede ser considerado por este motivo "menos ciudadano". Son sus derechos humanos fundamentales los que legitiman la intervención del Estado para asegurar su integridad física y moral, así como su derecho a la salud y a la vida.