
Ambos acusados son considerados como jefes militares del "ala dura" del ejército. Antes del golpe militar, Bussi se desempeñaba como jefe de la Vª Brigada de Infantería con asiento en San Miguel de Tucumán, cargo en el que sustituyó al también general Acdel Edgardo Vilas, nombrado antes comandante de una zona de operaciones dentro de la Provincia de Tucumán. Por su parte, Menéndez, un militar católico que detentó un enorme poder en su demarcación castrense, será juzgado por la desaparición de Vargas Aignasse pocos días después de que un tribunal de Córdoba lo condenara a cadena perpetua por crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
Menéndez comparecerá ante el Tribunal Oral Federal tucumano adonde deberá trasladarse desde la cárcel de Bower, en Córdoba, mientras que Bussi se encuentra con detención domiciliaria en su casa del barrio de Yerba Buena, en la capital tucumana.
Uno de los principales impulsores del procedimiento contra ambos jefes militares, el actual diputado nacional Gerónimo Vargas Aignasse, hijo del desaparecido senador tucumano, mantuvo recientemente una sonora polémica con el defensor de Menéndez (el abogado Horacio Guerineau), quien ha calificado a su cliente como "un cristiano, católico, apostólico romano y muy centrado" y a lo sucedido después de marzo de 1976 como "guerra civil".
Vargas Aignasse hijo desmintió la teoría de la guerra civil al afirmar que su padre era un profesor universitario sin militancia política que sólo había manifestado su oposición al golpe de Estado militar. El diputado dijo también que en un contexto de guerra civil resulta impensable "organizar un mundial de fútbol, como el de 1978) o plantearse una hipótesis bélica con Chile.
Antes de la celebración del juicio, Bussi será sometido a una serie de exámenes médicos para determinar si se encuentra en condiciones de afrontar las audiencias. Para ello se ha desplazado a Tucumán el forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación José María David, que examinará al militar junto a los peritos de parte ofrecidos por la defensa del militar retirado, el neurólogo Jorge Avila y el cardiólogo Carlos Salazar.