No quisiera yo ser demasiado cruel con las desafortunadísimas expresiones del señor diputado por Cerrillos, don Omar Soches López, quien se ha encargado de defender, como lo han hecho otros antes, la conveniencia del trabajo infantil y sus bondades cívicas.El diputado cerrillano ha dicho, con la soltura que es frecuente en estos casos, "que él también había trabajado en el campo cuando era adolescente", y se ha quejado de que "a partir de las inspecciones que realiza el gobierno, no dejan trabajar a los chicos por temor a sufrir infracciones".
Estas declaraciones son el mejor ejemplo de las perniciosas consecuencias que a largo plazo acarrea sobre el intelecto humano el trabajo infantil o el "trabajo adolescente", como ahora se lo pretende disfrazar. Si la madre del diputado no hubiera enviado a su hijo adolescente a aporcar, desflorar, cortar bajeras y encañar hojas de tabaco a las fincas, tal vez hoy este señor no sería diputado. Pero si en vez de trabajar a los 15 años hubiera empleado ese tiempo en estudiar y en instruirse mejor, es posible que el señor Soches no hubiera alcanzado el Premio Nobel de Medicina, pero al menos habría adquirido los conocimientos suficientes para evitar caer en un ridículo tan profundo.
El problema de estos "nuevos defensores" de la juventud salteña no es que pretendan quebrantar la legalidad internacional vigente ni que estén impulsando la violación de los acuerdos que la Provincia de Salta ha suscrito con la Organización Internacional del Trabajo en esta materia. Para defender la legalidad están los fiscales y los tribunales de justicia.
El verdadero problema -a mi juicio- no es que los niños trabajen o dejen de hacerlo, sino que estos señores están proponiendo a la sociedad salteña que "se los obligue a trabajar para que no anden sueltos por las calles y se droguen".
Es decir, no están pensando en el trabajo infantil o adolescente como una forma libre de ejercer una actividad remunerada, sino que están proponiendo "levantar a los ociosos" que están en las plazas y en los parques, cargarlos en los acoplados -como hacía el general Bussi en Tucumán- y mandarlos a trabajar, aunque ellos pefieran seguir en la vagancia.
La particular ideología de estos personajes hace presumir que no sólo desean que los niños y adolescentes de determinadas edades trabajen compulsivamente, es decir, sin contar con su voluntad ni con la de sus padres, sino que además lo hagan en regímenes de jornada y salario "más rigurosos" que el resto de los obreros. Ellos piensan que sólo en un sistema cercano al de la esclavitud "se van a enderezar estos drogadictos". Nada de blandura con ellos. Si proponen un régimen esclavista y de trabajos forzados para los niños salteños, es porque no tienen agallas suficientes para proponer a la sociedad que se los someta también a castigos físicos.
En suma, lo que proponen estos moralizadores victorianos (alguno de ellos de fuerte perfil incaico) es regresar a las condiciones de trabajo que provocaron la miseria, la alienación y la muerte de millones de personas durante el siglo XIX y buena parte del XX.
En estas condiciones, el debate sobre el trabajo infantil en Salta, deja ya de ser jurídico o moral para convertirse en una cuestión de pura estética social.
Si la ley fija una edad tanto para la conclusión del ciclo obligatorio de la enseñanza como para el acceso al mercado de trabajo, es deber de todos, especialmente de los diputados, respetar ese límite y valorar adecuadamente las razones de su existencia.
Si de lo que se trata es de "apartar a los chicos de la droga", más que en el trabajo habría que pensar en medidas eficaces de rehabilitación en centros especializados, en un mayor compromiso del sistema educativo, en medidas para la reducción del fracaso escolar y en políticas consistentes de lucha contra el narcotráfico detallista y control de las grandes empresas de ocio que venden paraísos veniales a nuestros adolescentes.
Proponer que quienes están amenazados por el flagelo de la droga se aparten de ella trabajando en los cultivos salteños de tabaco, supone tanto como proponer que los niños pistoleros se reformen obligándolos a trabajar a una fábrica de armas, o rescatar a los niños alcohólicos enviándolos a trabajar en fábricas de vodka.
Quien, como el que esto suscribe, conoce muy de cerca las condiciones de profunda degradación moral en que se desarrolla el trabajo rural en las plantaciones de tabaco cercanas a Cerrillos y La Merced (que incluyen las lacras del alchohismo, la violencia familiar, los abusos sexuales y las enfermedades) no puede pensar otra cosa que el aliento de nuevas formas de trabajo infantil supone una forma velada de venganza generacional, de revancha social injusta y desproporcionada contra una generación de jóvenes cuyo único pecado es el de disfrutar de más libertad de la que gozaron en su momento sus padres y abuelos.
En ocasiones como esta es cuando los ciudadanos se dan cuenta que un poco menos de trabajo adolescente en el campo y más libros son necesarios para evitar papelones como los de los diputados Soches y Kerubín Sosa.
En cuanto a las afirmaciones de este último sobre que su trabajo en la Marina a los 15 años "no lo afectó en nada", a falta de otras pruebas más contundentes, sólo cabe presumir que la elevada salinidad del medio marino algo tendrá que ver con la rigidez, no sólo de sus ideas, sino especialmente la de su poblada cabellera vallista.
Y en cuanto a la propuesta efectuada en el mismo sentido por un sacerdote de Salta, una persona no precisamente sospechosa de "carencia de libros", se podría decir que su exabrupto se inscribe en esa línea -tan ambigua y pecaminosa como desafortunada- que siguen algunos prominentes miembros de la Iglesia en relación con los niños y los jóvenes.