La intervención de la policía terminó con dos personas adultas detenidas por el la comisión de varios delitos de estafa. En principio, una de las perjudicadas sería la persona que efectuó la denuncia, una agente del Ministerio de Educación de Salta, que habría adelantado dinero.Al parecer, los detenidos -un hombre y una mujer- se hacían pasar por abogados en busca de fondos para sostener a alguna ONG que tendría fines solidarios o benéficos. En el lugar en que se practicó el registro -un inmueble sito en la calle Catamarca al 800 de la ciudad de Salta- fueron incautados algunas computadoras portátiles y al menos un centenar de documentos oficiales falsos. Estos documentos, que llevaban estampada una firma contrahecha del Gobernador, contendrían inverosímiles autorizaciones administrativas para el funcionamiento de remises.
Tras la intervención de la unidad de delitos económicos de la Brigada de Investigaciones de la policía provincial, la investigación del caso y los detenidos se hallan bajo la jurisdicción del juez de instrucción de séptima nominación Jorge Sosa Vallejo, quien habría ordenado establecer si los detenidos han perjudicado con anterioridad a otras personas.
Sorpresa
Además de este último extremo, quizá obvio para una investigación seria, el juez debería averiguar si las personas detenidas pertenecen a alguna organización mayor y en qué circunstancias se produjo la apropiación o el uso indebido de los sellos oficiales y demás material utilizado para la falsificación de la documentación. Si bien no ha trascendido si los falsos decretos incautados aparentaban ser originales o meras copias auténticas de los mismos, lo que parece claro es que los detenidos no hubieran podido llevar a cabo la falsificación sin valerse de recursos genuinos, que bien podrían haber sustraído de las oficinas públicas o haberles sido facilitados por algún empleado infiel. Todas estas circunstancias están ahora bajo la lupa del juez Sosa Vallejo.