Hoy, sin embargo, esto no sólo es posible sino que, hasta un cierto punto de vista, es necesario e ineludible.La cuestión posee unas profundas implicancias filosóficas que no es del caso analizar aquí, pero su importancia práctica estriba en el hecho, nada banal por cierto, de la existencia de un cúmulo de derechos subjetivos que hoy se ejercen, o son susceptibles de ser ejercidos también, por medios electrónicos.
Desde mi humilde punto de vista, la Provincia de Salta arrastra un preocupante déficit en el desarrollo y ampliación de los derechos ciudadanos que se pueden ejercer de este modo y, frente a esta realidad, la reacción de sus gobiernos ha sido dispar y, en general, mal orientada.
Desde la desconfianza ignorante exhibida por el gobierno que encabezó el señor Juan Carlos Romero, motivada, en primer lugar, por la llamativa torpeza tecnológica de sus principales responsables y, en segundo lugar, por el temor que despertaba en aquel gobierno la idea de fomentar -aunque fuese accidentalmente- una mayor igualdad entre ciudadanos y una más amplia capacidad para ejercer sus derechos frente al Estado; hasta los "palos de ciego" que el gobierno que preside el señor Juan Manuel Urtubey está dando en esta materia, llevado quizá por el impulso juvenil de sus cuadros más dinámicos o quizá por su deseo de proyectar una imagen de mayor preocupación por los desafíos que plantea la modernidad.
Tal vez lo mejor que se puede hacer para abordar este problema es comenzar reconociendo que nuestro Estado provincial, débil institucionalmente y con los recursos muy justos, tiene desafíos absolutamente prioritarios como, por ejemplo, la lucha contra la pobreza y el empeño por devolver la dignidad a los amplios sectores de población cuyos derechos fueron sistemáticamente desconocidos durante los doce años de hegemonía romerista.
Pero, una vez reconocidas aquellas prioridades, el gobierno y la sociedad civil están obligados a mirar hacia el futuro y elaborar respuestas a temas como el derecho a la no discriminación de los ciudadanos por su elección tecnológica y los límites posibles o deseables de una administración electrónica. Porque en la resolución de problemas como éstos se halla comprometida -y si acaso, implícita- la resolución de aquella problemática más grave y urgente.
Hasta donde es posible conocer, se ha sabido que el gobernador Urtubey ha abordado esta cuestión sólo en dos momentos: uno, cuando suscribió un polémico acuerdo con Microsoft Argentina, y el otro cuando anunció su deseo de avanzar en la instrumentación del voto electrónico. Fuera de estos momentos, el gobierno de Salta se ha mostrado ausente de la cuestión de un modo más bien preocupante. Las pocas veces que ha intentado hacer suya esta problemática, ha cometido el error de hacer pivotar las decisiones más importantes en la materia sobre la Secretaría de la Función Pública, en lo que constituye un claro mensaje de estrechamiento de las fronteras de las Tecnologías de la Información al ámbito de la relación entre el Estado y sus agentes.
Un segundo error en esta materia es transmitir a la sociedad que "todo lo que tiene que ver con la tecnología" es asunto de los más jóvenes, por aquello de la mayor afinidad. Las decisiones en materia tecnológica, ahora y siempre, requieren de una cierta madurez vital que lleva implícita el conocimiento no sólo del entorno económico y productivo sino de la historia social de un grupo determinado. Como cualquier otro segmento, los jóvenes son capaces de aportar a este debate y de contribuir a formar decisiones eficaces, pero limitar la tecnología a los más jóvenes supone expulsar a los mayores y, en cierto modo, condenarlos a una ciudadanía de baja intensidad.
Al actuar de este modo el gobierno de Salta parece ignorar que su "agenda" en materia tecnológica no se agota en las estrechas fronteras del "gobierno electrónico", sino que se proyecta sobre otros terrenos, quizá más ricos, como la definición de las relaciones entre los modernos poderes públicos y la denominada "Sociedad de la Información" y las obligaciones estatales de tutelar adecuadamente el patrimonio digital de los salteños y de de garantizar el libre y equitativo acceso a los datos que crea y distribuye.
El ejemplo de la información pública
Quisiera -a fin de no hacer estas consideraciones demasiado extensas- tomar como ejemplo una parcela de la realidad cotidiana del Estado provincial a la que veo sin orientaciones precisas en esta materia y con una clara tendencia a discriminar a los ciudadanos por su elección tecnológica. Ésta es el área de la información pública, la que -me apresuro a aclarar- no está circunscrita, si bien la comprende, a la Secretaría de Prensa de la Provincia.
Información pública no sólo produce el gobierno, sino también los municipios, el Poder Judicial, ambas cámaras de la Legislatura, los concejos deliberantes, y cuantos organismos y reparticiones nacionales o internacionales existen en nuestro territorio. De modo que no es justo reconducir estas críticas a los responsables de prensa del gobierno que son sólo una parte de este variado y complejo universo.
Dejaré, por el momento, de lado aquella información pública que generan los agentes privados, aunque para éstos vale aquel famoso dicho de "cuando las barbas de tu vecino veas cortar..."
Los medios como Iruya.com se nutren a diario de la información pública que producen estas instituciones y cualquiera con un mínimo de conocimientos y sensibilidad tecnológica advertiría que una abrumadora mayoría de los despachos y partes de prensa que se elaboran por gobiernos y administraciones carecen de la necesaria e imperativa neutralidad tecnológica, entendida ésta como la imparcialidad, libre elección y uso de los recursos tecnológicos.
Las instituciones públicas lato sensu carecen de una política orientada a adoptar, de forma progresiva, aquellos estándares de la industria que permitan relacionar e interconectar distintos sistemas y distintas plataformas. En otros términos, que en el ancho mundo de la información pública no existe una preocupación especial por dos cuestiones centrales relacionadas con las modernas prácticas democráticas en materia de igualdad tecnológica: la difusión de los estándares abiertos y la interoperabilidad de los sistemas y de sus recursos.
El resultado es un caos informativo en donde se superponen formatos propietarios con formatos abiertos y se mezclan, de modo arbitrario, formatos, protocolos o interfaces que obligan a los ciudadanos consumidores de aquella información pública a emplear combinaciones de hardware y software que no son de su propia elección sino que han sido, de algún modo, "impuestos" por los emisores de aquella información.
Muchos de estos emisores se limitan a enviar un archivo MS Word -formato propietario, no abierto, definición- como attachment en un mensaje de correo electrónico y con esta operación dan por satisfecha su obligación de informar públicamente. Otros, con la misma ligereza, han resuelto el problema importando a páginas web el código HTML generado por Word y otros programas propietarios de ofimática, sin reparar en el detalle que, en la mayoría de los casos, aquel código no observa el más mínimo respeto por el estándar y, cuando menos, inunda nuestras cañerías digitales con basura que ralentiza la carga de la información y hace un mal uso del ancho de banda socialmente disponible.
Lo lamentable de estas prácticas es que todas ellas impactan de forma negativa sobre los derechos del ciudadano usuario-consumidor de esta información. Los que no se dan cuenta de ello y valoran como "revolucionario" el poder abrir y cerrar archivos de Word como si se tratara de la penúltima maravilla del mundo, son más parte del problema que de la solución.
Los nuevos objetivos del Estado
El grado de implantación de las Tecnologías de la Información en sociedades como la nuestra obliga a los gobiernos a adoptar medidas concretas y eficaces para asegurar un justo y equitativo disfrute del "patrimonio digital" y un acceso igualitario y sin restricciones tecnológicas irrazonables a la información pública, a los trámites administrativos on-line y a cualquier otro proceso público susceptible de ser ejecutado por medios electrónicos.
Constituye un deber para todos los que valoramos estas nuevas tecnologías como una energía social capaz de potenciar la calidad de nuestras instituciones y ampliar los horizontes de la ciudadanía, aportar a un debate permante y sosegado en el que el Estado sea actor y protagonista junto las fuerzas sociales libres, y en el que se valore la emergencia de los nuevos movimientos sociales relacionados con el uso de las tecnologías, como los de Software Libre, Open Source y otros.
El Estado debe fomentar la apertura y el debate y asegurar a los ciudadanos que ningún fundamentalismo ideológico, del signo que sea, impondrá sus reglas para limitar la creatividad o enervar los principios de libertad sobre los que se asienta nuestro sistemas económico y político.
Estos objetivos requieren de una política de Estado consistente y sostenible en el tiempo, pero también de ideas y directrices claras capaces de orientar los esfuerzos hacia el futuro. Nada de esto será posible si el gobierno no acierta a valorar el "patrimonio digital" como un acervo común de un valor equiparable -y de una consideración equivalente- a la que disfruta el resto de nuestro patrimonio cultural, y acierta también a atribuir la gestión de aquél a una agencia o departamento de Estado especializado en la gestión patrimonial.