El pedir y recibir información es un derecho-obligación que atañe al Estado, a los medios de comunicación y también a los ciudadanos, dice una de las conclusiones expuestas durante un debate que organizó Asociación de Derechos Civiles (ADC) y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) para conmemorar el Día Mundial del Derecho a Saber. Este Día Mundial del Derecho al Acceso a la Información Pública, vuelve a poner el acento en un debate que tiene varios protagonistas, y recuerda que la legislación de este derecho constitucional es aún, en la Argentina, una materia pendiente. Los ciudadanos no pueden elegir ni decidir bien si no tienen acceso a la información pública, que algunos gobiernos guardan bajo siete llaves como secretos de Estado.
Pero también se convirtió en el perfecto escenario de una buena noticia: el Consejo de la Magistratura decidió ayer, en respuesta a un pedido de la Fundación Poder Ciudadano y el diario La Nación, que las declaraciones juradas de los jueces deben ser de acceso público.
Tema a debate
El rol que cumplen o que deberían cumplir el poder político, el periodismo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y la ciudadanía en materia de acceso a la información fue, precisamente, el eje de un debate que organizaron la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Licenciatura en Comunicación Social de la UCES, esta semana. ¿La temática? Cómo acceder a la información en manos del poder.
El poder político necesita del poder que tiene la ciudadanía, porque ni las dictaduras más feroces pueden gobernar sin consenso. Pero el poder también son los medios (de comunicación), que hacen su juego: son empresas. ¿El periodista?
Tampoco es un actor ingenuo, porque tiene que trabajar pensando en lo económico y para su medio. Y la gente también interviene, porque es la que decide qué información quiere recibir, con estas palabras, el periodista y escritor Jorge Halperín, invitado como panelista al debate, habló del rol de cada uno de los protagonistas, en referencia a su libro de reciente publicación Noticias del poder: buenas y malas artes del periodismo político.
La exposición de Halperín estuvo dirigida, sobre todo, a resaltar que la opinión pública (y el pedido de información de la gente) se forma a través de lo que transmiten los medios de comunicación. El papel de controlar el poder, que debería hacer la prensa, no está funcionando bien. Entonces, ¿cómo puede hacer el ciudadano para decidir sus actos si no sabe lo que pasa en la esfera pública? Así no puede ejercer la plena ciudadanía, opinó el periodista.
Conferencias de prensa
El rol de los periodistas a la hora de acceder a la información pública también fue puesto en debate por la abogada Cornelio Schmidt-Lierman, otra de las panelistas. Sucede que Schmidt-Lierman está a cargo de un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina para generar que sean los periodistas quienes organicen las conferencias de prensa y no los funcionarios, que lo hacen sólo cuando quieren transmitir algo.
Se trata del proyecto El poder responde, basado en un sistema que está vigente en Alemania desde hace más de 50 años. Lo primero que me sorprendió cuando empecé a trabajar con esto es que en la Argentina se perdió el on the record, reflexionó Schmidt-Lierman, y destacó que el proyecto también busca hacer saber a los políticos que para ellos es una obligación el dar información.
Un derecho para acceder a otros
El rol de las OSC y de la ciudadanía también entró en debate. La transparencia de los asuntos públicos y la participación ciudadana son lo más importante para respaldar el derecho de acceso a la información, destacó Julieta Arias, responsable del Área de Transparencia y Anticorrupción de Poder Ciudadano.
Su colega de ADC, María Julia Giorgelli, que dirige el Área de Acceso a la Información de esa ONG, hizo referencia a la importancia de la acción de las OSC, y contó cómo ADC interviene en diversos pedidos de información pública al Estado, sobre todo representando a personas que no pudieron tener acceso a ella.
El acceso a la información no es sólo un derecho, es también una obligación de los ciudadanos. Y es también un medio para acceder a otros derechos. Un ejemplo reciente es el de una estudiante que pidió información al Estado acerca de los programas de entrega de medicamentos gratuitos para una enfermedad que padecía, y gracias a ello se enteró de que, efectivamente, podía obtener esos medicamentos, y tuvo acceso a ellos en forma gratuita, destacó Arias.
La buena noticia
Mientras los debates y pedidos de acceso a la información pública continúan, el Día Mundial del Derecho a Saber trajo consigo una buena noticia en la Argentina: el Consejo de la Magistratura decidió ayer dar lugar a un pedido que Poder Ciudadano viene haciendo desde el año 2000 para acceder a la información sobre las declaraciones juradas de los jueces.
Las declaraciones juradas de los jueces se vinculan con el derecho de acceso a la información pública. Ellos también son funcionarios públicos y la negativa de la mayoría de ellos de entregar información sobre su patrimonio atenta contra la transparencia y la lucha contra la corrupción, destacó Varina Suleiman, coordinadora del Área Acción por la Justicia de Poder Ciudadano. Y destacó que se trataba también de una violación a lo establecido por la Constitución Nacional y los estándares internacionales.
No se puede negar información
La resolución del Consejo de la Magistratura se conoció ayer, y respondió no sólo al pedido de esta ONG, sino también al reclamo que también hizo en este sentido el diario La Nación hace más de un año. ¿Qué establece específicamente? Que todo ciudadano que desee conocer las declaraciones juradas de los jueces podrá hacerlo, fundamentando cuál es el objeto de la petición y el destino que se le dará a la información.
La decisión adoptada por este organismo de contralor del Poder Judicial se basó en la ley de Ética Pública (Nº 25.188): "La denegatoria de exhibición de la información patrimonial del anexo público resulta violatoria del acceso a la información como ejercicio del control ciudadano, establecido como objetivo por la ley 25.188", argumentaron los consejeros.
Suleiman destacó la importancia de esta resolución, pero expresó su preocupación porque no alcanza a la Corte Suprema de Justicia. Sería importante que los cuerpos periciales de la Corte también cumplieran con esta obligación, agregó.