La foto que ilustra esta nota, tomada en 1970, muestra al entonces Interventor Federal don Raúl Aguirre Molina (rodeado de sus ministros Ricardo Greter (h) y Víctor Cornejo Isasmendi) en la audiencia concedida a los directores de los medios de comunicación de la Salta de entonces.El diario DEMOCRACIA, al publicar la foto, informa que En la tarde de ayer el Gobernador de la Provincia recibió a todos los directores de medios de difusión de Salta. En la oportunidad el Gobernador expresó su respeto por la libertad de prensa; luego los presentes intercambiaron ideas acerca de un proyecto de ley que regule la publicidad oficial, y sobre temas que hacen a un amplio desarrollo de la Provincia.
En la foto, al lado del ministro de Gobierno, aparece un colaborador de Noticias Iruya.com que por esos años se desempeñaba como director del citado DEMOCRACIA.
Por supuesto, en aquellos años setenta como ahora, el reclamo de una ley que ordene la asignación de los fondos de la publicidad oficial era un reclamo contra el monopolio construido alrededor del diario expropiado al Partido Peronista en 1955.
Han pasado 38 años y todo sigue igual en este asunto crucial para la instauración de las prácticas republicanas en Salta.
Sin embargo, como acaba de recordar el diario La Nación de Buenos Aires en la Argentina, al igual que en otros países de América Latina, persiste un manejo abusivo y discrecional de la publicidad oficial, que funciona como una especie de "censura indirecta" sobre la prensa.
A eso se agrega que, a diferencia de lo que ocurre en otras naciones de la región, las iniciativas locales para regular la distribución de avisos no registran avances por falta de apoyo del Gobierno.
Idéntica opinión es la reflejada en las conclusiones del informe que bajo el título El precio del silencio elaboraron la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta de Nueva York.
Hay, en el ámbito de nuestra América dos ejemplos de interés:
El primero es el de Chile, donde una comisión investigadora en la Cámara de Diputados con el apoyo de distintos partidos políticos, urgió la aprobación de una ley que regule el reparto de avisos oficiales.
El segundo es el de Uruguay, donde el gobierno, fuerzas políticos y actores de la sociedad están elaborando un proyecto de ley que incluye un procedimiento para la contratación de agencias de publicidad oficial.
En la Argentina, solamente la Legislatura de Tierra del Fuego ha producido un texto que termina con las arbitrariedades. Por el contrario, ni en Salta ni en el Congreso de la Nación se registran avances, pese al fallo ejemplar de la Corte Suprema, de septiembre de 2007, por el que se condenó a la provincia de Neuquén por haber discriminado en el reparto de avisos al diario Río Negro.
Las modalidades de la "censura indirecta" o "sutil", como la llamaron en el informe, son cuatro: el manejo abusivo de la publicidad oficial para influir en los contenidos de los medios, los pagos hechos directamente a periodistas, la asignación discriminatoria de publicidad en favor de aliados políticos y el uso de la publicidad con fines propagandísticos.
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