¿Qué falta cometió Alonso? Pues, en principio, sumarse a una campaña de Google Bombing (un juego colectivo de enlaces encaminado a engañar al algoritmo de Google para que, por ejemplo, al buscar la palabra "ladrones" aparezca en primer lugar el sitio web de la SGAE) y negarse a eliminar de su weblog una serie de comentarios anónimos que dejaban muy mal parado el prestigio de la citada SGAE.Si bien Alonso eliminó el link del bombing ni bien fue requerido para hacerlo, no hizo lo mismo, al parecer, con los comentarios injuriosos hacia la SGAE, una institución que en España no goza de la simpatía de los internautas, al señalársela públicamente como responsable del impopular "canon digital" (un impuesto que grava y encarece elementos como cd's, dvd's, impresoras y otros artilugios de hardware) y del elevado precio de las conexiones a Internet, entre otros males.
Esta sentencia viene a sumarse a otra dictada el año pasado y que tuvo como protagonista al cantante Ramoncín, difamado públicamente en una web que admitía alegremente comentarios de terceros.
Colaborador necesario
El tribunal español hace responsable a Alonso de las opiniones vertidas en dichos comentarios, al considerar acreditado que es el responsable de la creación de la página Merodeando.net, de la introducción de sus contenidos "y de la posibilidad técnica del control de los mismos".
Tomando como base una sentencia previa de la Audiencia Provincial de Madrid, el tribunal concluye que la responsabilidad por las intromisiones en el honor, intimidad y propia imagen no se ha de derivar sólo al autor, sino también al intermediario. Por lo tanto, según recoge la sentencia, Alonso sería "una suerte de colaborador necesario de las manifestaciones vertidas en su blog que atentan al honor" de la SGAE y que no fueron borrados por el autor.
El condenado Alonso ha reaccionado diciendo que sigue creyendo "tener la razón en el asunto" y advirtiendo de la necesidad de crear una fundación "para defender a quienes son demandados por escribir un blog".
Lo cierto es que la Web parece haber dejado atrás un "momento dulce" en el que cualquiera podía expresar lo que quisiese, no sólo en su propia página sino también en páginas ajenas, incluidas las de algunos prestigiosos diarios.
Los jueces -y no sólo en España- están poniendo coto a esta práctica destructiva de la comunicación y lo están haciendo a fuerza de declarar, una y otra vez, la prevalencia de los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen de las personas por sobre la libertad de expresión.
Todo esto sucede en Europa poco tiempo después de que la Comisión Europea de Cultura aprobara, el pasado 3 de junio,, una resolución en la que aboga por un marco regulador para los weblogs. En él se contempla un "etiquetado voluntario" que informe sobre la identidad del autor, sus intereses políticos o sociales y la responsabilidad social de éste. En otras palabras, "una oblea", como la que llevarán los taxis y remises de Salta para permitir su identificación.
Al cambio, un blog sin identificación ni responsabilidad editorial es tan peligroso como un remise trucho.
La resolución de la Comisión, que se enmarca en el Informe sobre la concentración y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea, será debatida en el Parlamento Europeo el próximo mes de septiembre.