
Como suele ser normal en este tipo de actuaciones, los manifestantes alternaron actitudes pacíficas -compatibles con su derecho a expresarse y a peticionar a las autoridades- con hechos de violencia. Ninguna norma de derecho, ninguna situación emocional, autoriza que un grupo de personas irrumpa en el despacho del intendente, lo insulte y destroce bienes de titularidad pública, en nombre de ninguna petición por más legítima que sea.
De acuerdo con lo que se informa desde Cafayate, tanto la manifestación pacífica como los actos violentos, estuvieron encabezados por el padre del niño fallecido. Se informa también que la integridad física del intendente Ocampo pudo ser asegurada por la oportuna intervención de la policía que, sin embargo, fue impotente para evitar los destrozos.
Se ha de señalar también que ninguna norma jurídica exime al intendente de proceder contra los agresores, porque no está en juego su bonita cara sino un delito de acción pública que, por su condición, debió de denunciar (art. 172.1 CPPS). Al no hacerlo, el intendente incurre en otra figura penal, más conocida, cual es el incumplimiento de sus deberes.
Presión sobre los concejales
Tras el ataque a la intendencia, los manifestantes lograron promover una convocatoria urgente del Concejo Deliberante local, forzando a este cuerpo a tratar un petitorio de diez puntos presentado por los manifestantes con la firma de unos 140 vecinos. De acuerdo a informaciones, la sesión se realizó de forma tumultuosa en la galería del edificio municipal, sin ninguna garantía.
Los puntos del petitorio, que resultaron aprobados por unanimidad, son los siguientes:
Renuncia del gerente general del hospital local.
Final del sistema de gerenciamiento y cogestión del hospital local y regreso al sistema anterior.
Investigación de los fondos provinciales y nacionales que llegan al hospital.
Investigación sobre el envío de medicamentos
Investigación sobre la administración de los medicamentos.
Investigación a los médicos involucrados en casos de mala praxis.
Castigo a quienes fomentan la discriminación (se entiende, sanitaria) por cuestiones raciales o económicas.
Intervención personal del gobernador de Salta, pero con su presencia física en Cafayate.
Investigación de la falta de atención sanitaria oportuna del ciudadano Armando Mamaní.
Democracia directa populista
Tanto el intendente Ocampo como el ministro Kosiner han acudido solícitos a dar respuestas inmediatas a las peticiones de los manifestantes, sin examinar previamente la legitimidad de su actuación.
Es posible que los manifestantes tengan razón y que sus peticiones sean igualmente razonables, pero nada justifica el ataque a la intendencia (que no es del intendente si no de todos los cafayateños) ni la presión para lograr una "sesión inmediata" del Concejo Deliberante.
La actitud contemplativa del intendente, la timorata respuesta del ministro de Justicia que, además, es el máximo responsable de la Policía de Salta, inmediatamente después del gobernador, hacen pensar que estamos frente a la presencia de "demócratas ingenuos" que piensan que la democracia es ceder a la actuación violenta de la muchedumbre, practicada en nombre de la soberanía popular. En nuestro sistema institucional, las muchedumbres, por numerosas o violentas que sean, no gobiernan ni pueden hacerlo.
Si el intendente no denuncia, si el ministro, antes de dar satisfacción a los manifestantes, no les exige las correspondientes responsabilidades, estarán cohonestando con su cobardía institucional el que mañana surjan otros focos de insumisión popular violenta que, más que democracia se asemejan al caos anterior a cualquier sistema de organización política.