Quizá no resulte superfluo poner de manifiesto la terminología "de guerra" que suele emplear el Partido Justicialista, tanto para designar a sus instituciones internas como a los actos que éstas llevan a cabo. Según el DRAE, la palabra comando significa: 1. Mando militar; 2. Pequeño grupo de tropas de choque, destinado a hacer incursiones ofensivas en terreno enemigo; y 3. Grupo armado de terroristas.Sería bueno que alguno de los dos líderes aparentes del PJ explicara a la ciudadanía en cuál de las tres acepciones de la palabra "comando" prefieren encuadrar la acción del nuevo órgano de conducción electoral. Habría que preguntarles también contra quién luchan... quién es el enemigo y cuál es su capacidad de acción militar.
La noticia es que este Comando, designado por el Consejo Provincial, integra en sus filas a la llamada Comisión de Acción Política, el irregular órgano alumbrado por el Congreso Provincial celebrado, de forma no menos irregular, el pasado día 30 de julio.
Y la mayor sorpresa no es el hecho de que Romero haya "legitimado" a sus adversarios sino los argumentos con los que justifica la designación del nuevo Comando. Es preciso leer detenidamente estas líneas para darse cuenta de la barbaridad que encierran.
Dicen los consejeros provinciales que "la victoria del PJ y de los candidatos justicialistas es un objetivo que está por encima de las desavenencias políticas y jurídicas que puedan haber y por ello este consejo considera prioritario disponer todo lo que sea útil para lograr tales objetivos. Que ello en nada cambia las posiciones sostenidas, incluso judicialmente, las cuales se mantienen a los fines de resguardar la debida legalidad e institucionalidad".
Quiere esto decir que las "desavenencias jurídicas" (cuestiones no menores en las que está interesado el orden público y el orden constitucional) pasan a un segundo plano desde el momento en que el "objetivo" es conseguir la victoria (otro vocablo de guerra) del PJ y de los candidatos justicialistas. Para los consejeros encabezados por Romero, esta meta "está por encima" de cualquier otra consideración, incluida la misma legalidad.
La segunda parte del párrafo en la que se dice que la medida adoptada "en nada cambia las posiciones sostenidas, incluso judicialmente", es insuficiente para dar a entender que al Partido Justicialista de Salta le importa más la legalidad y la vigencia del Estado de Derecho que su victoria en las elecciones. Esta aclaración sólo se explica por la necesidad de que el nombramiento del "comando" no sea interpretado por la justicia electoral como un desistimiento implícito a las pretensiones procesales ejercitadas en su día por los consejeros.
Además de la del citado Romero, la cuestionable resolución lleva la firma de Marcelo López Arias, Sonia Escudero, Víctor Brizuela, Julio San Millán , Irma Caro, Helua Hatti, Amado Chiban, Ana Acuña de Macedo, María Laura Zerda y Viviana Fradejas.
Quiénes integran la CAP
Su presidente es el señor Urtubey, los vicepresidentes son Miguel Isa, Mashur Lapad, Margarita Ramírez. Secretario general es Santiago Godoy; secretario político, Pablo Kosiner; de asuntos parlamentarios Luis Mendaña; secretario de asuntos municipales, Sergio Ramos; secretaria de asuntos sociales, Adriana Pérez; secretaria de adoctrinamiento, Nora Ríos; secretario de Integración Regional, Enrique Cari; secretaría de la Mujer, Roxana Cabezas; secretario de relaciones con la Comunidad, Samuel Córdoba; Relaciones Institucionales, Fany Flores de Guitián; secretario de Interior, Leonardo García; Tesorera, Mercedes Junco; Prensa, Lita Lagomarsino; secretario general, Luis Marocco.
Algunos de los mencionados ya integraron en otros tiempos "brigadas", "regimientos" y "escuadrones" del siempre pacifista y horizontal Partido Justicialista de Salta.