El juez Bavio declaró la prohibición cautelar de innovar "respecto de la situación de hecho y de derecho" de los miembros del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Salta, hasta tanto no recaiga sentencia sobre el fondo del asunto. De este modo, el juez da la razón, al menos temporalmente, a los diez consejeros opuestos a la pretensión de los congresales que reunirse para declarar la caducidad de sus mandatos, especialmente el de su presidente Romero.Los consejeros que habían solicitado la medida cautelar son ulio Argentino San Millán, Sonia Escudero, María Laura de la Zerda, Víctor Manuel Brizuela, Viviana Fradejas, Pascuala Irma Caro, Helua Hatti, Walter Wayar y Eliseo Barberá.
El desplazado apoderado del PJ provicial, el abogado Raúl Romeo Medina, sostuvo en una radio salteña que el juez ha fundado su resolución en "la ilegalidad de la petición de los congresales que firmaron el pedido, porque va en contra de la carta orgánica del PJ".
Medina calificó de "golpe de Estado" la operación en que estarían embarcados los congresales, y los instó a ocuparse "de gobernar y legislar para acercar soluciones a la gente".