Es tan interesante y necesaria esta propuesta, que basta con imaginar que si una ley de esta naturaleza y alcance estuviese hoy vigente, el gobernador Urtubey podría ser sometido inmediatamente a juicio políctico, habida cuenta de la cantidad y de la entidad de promesas incumplidas a quienes lo eligieron.El camino elegido por Romero para evitar que nuestros políticos nos vendan paraísos que luego no podrán construir quizá no sea el mejor. El legislador se propone desarrollar el precepto contenido en el artículo 54 de la Constitución Provincial que manda que "los procedimientos de designación de candidatos sean democráticos, con manifestación pública de principios y plataformas".
Prevé el proyecto de Romero tipificar como causal de "mal desempeño" del la falta de cumplimiento de las plataformas electorales presentadas con anterioridad por los candidatos que resultasen electos. El enfoque no es malo, pero sería más lógico que la ley -que puede hacerlo- incluyera antes la obligación de cumplir con las plataformas y promesas electorales públicas como parte de los deberes ineludibles de los candidatos electos.
Sólo estableciendo previamente esta obligación y no simplemente suponiendo su existencia, es que se podría considera como "mal desempeño del cargo" el incumplimiento del contrato electoral.
Es interesante también, aunque imprecisa desde el punto de vista técnico, la obligación de debatir públicamente la plataforma electoral de un candidato "cuando así lo requiera un competidor en la elección a la que se postule". A la obligación de poseer y de publicar las plataformas electorales debería añadirse una obligación genérica a debatir la propuesta, de forma pública, no sólo frente a eventuales contrincantes, sino con cualquier ciudadano, porque el derecho a "conocer mejor" corresponde a éstos, y no sólo a los competidores por el hecho de ser tales.
Una pizca de osadía ha faltado al joven diputado salteño para proponer que las plataformas y las promesas electorales se integren en un auténtico contrato electoral de derecho común, en el que la aceptación, como expresión del consentimiento del conjunto de los ciudadanos, pueda ser exteriorizada de varias formas diferentes. El día en que el incumplimiento de una promesa electoral, además del juicio político, pueda dar lugar a una acción civil, individual o colectiva, de reparación patrimonial de los perjuicios causados, ese día los políticos pondrán mucho cuidado en no ilusionar al electorado con fantasías políticas y sociales irrealizables.
Entre los fundamentos del proyecto de Romero se cuenta un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, asegura que la autonomía institucional de las provincias implica que en la elección de sus gobernadores, legisladores y funcionarios, cada provincia posee una potestad que no depende ni puede ser igualada por ningún otro poder.
El presupuesto de la campaña
La ley que impulsa el diputado Romero debería contemplar también que el candidato en cuestión estuviera obligado a hacer públicos (1) su presupuesto de campaña y (2) sus fuentes de financiación, así como la obligación de someterse a auditorías económicas si resultase electo. Cualquier desviación que genere la sospecha de una financiación irregular o el empleo de recursos desproporcionados, podría dar lugar también a un impeachment o al cese de la condición de legislador, intendente o concejal.