Antonio Marocco (Frente para la Victoria) dice que aquella norma ha perdido vigencia en razón de que toda la política salarial actual, para los empleados públicos provinciales, se realiza sin las limitaciones establecidas en la Ley de Emergencia. Esto como consecuencia que, en la actualidad, se celebran los Convenios Colectivos de Trabajo con intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación sin limitación alguna. En cuanto a los párrafos del mismo artículo de esa Ley que suspendió por 180 días los regimenes legales de determinación de las remuneraciones del personal del Poder Judicial, de la Procuración General y del Tribunal de Cuentas, que debían hacer suya la política salarial del Poder Ejecutivo, también perdió vigencia, sea porque los mismos han fijado las remuneraciones de su personal conforme a sus facultades propias, o porque la Corte de Justicia y la Procuración General no aprobaron un instrumento expreso de adhesión a la mencionada norma.
Marocco denunció que, durante el gobierno de Juan Carlos Romero, el Estado provincial, pese a que estaba vigente la emergencia económica de la Ley 6.583, otorgó subsidios al sector privado por más de 300 millones de pesos, aún cuando dicha ley suspendió tales subsidios invocando la grave crisis económica.
Por el contrario, durante doce años, el gobierno de Salta congeló salarios, modificó regímenes laborales del sector público, desconoció la antigüedad de sus agentes, paralizó los ascensos y adoptó medidas en perjuicio del sector, argumentando que lo hacía para dar cabal cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Emergencia Económica.
Los diputados tratarán también la creación un Juzgado de Personas y Familia de 1ª Instancia Nº 7 en el Distrito Judicial del Centro, con asiento en el municipio El Carril, departamento de Chicoana. La autora del proyecto es la diputada Virginia Dieguez del Bloque Renovador de Salta.
La diputada Diéguez dice que su iniciativa tiene por objeto lograr el cumplimiento de que la justicia sea para todos y tenga igualdad de posibilidades para el acceso a la misma por parte de aquellas personas a las que la distancia menoscaba en el ejercicio de este derecho.
En el Valle de Lerma y en el Valle Calchaquí, quienes residen en comunidades urbanas deben hacer gastos, pérdidas de tiempo y cubrir las distancias que los separan de la Ciudad de Salta, dificultando el acceso a la justicia. Situación que se agrava en el caso de aquellos que no residen en lugares poblados, quienes deben bajar de las serranías hasta el centro urbano de sus comunas y desde allí trasladarse hacia Salta Capital y, desde allí, trasladarse a la Ciudad Judicial.
La localidad de El Carril se halla estratégicamente ubicada en el centro geográfico del Valle de Lerma, en el cual convergen todos los pueblos ubicados en esta subregión. Esta circunscripción daría celeridad a las causas de familia, teniendo en cuenta que la población asciende a 86.769 habitantes, según datos del Censo Nacional 2001. Esta cantidad aumentó a en los últimos seis años 100.000 personas.
Con la sanción de Ley 7.406 sobre Protección de Víctimas de Violencia Familiar aumentó la competencia material de los Juzgados de Familia, atento a que ya había dificultades en la administración de justicia con la competencia originaria de esos juzgados.
Otros proyectos a considerar son los referidos a gratuidad de los exámenes de ADN y estudios de Histocompatibilidad en los procesos de filiación que se tramiten ante el Poder Judicial; modificación de la Ley 3.221, referida a Régimen de Jubilaciones, pensiones y subsidios Notariales de la Provincia y a cobertura social privilegiada a los familiares directos del donante de órganos.
Compromiso de Godoy con trabajadores estatales
Diferentes organizaciones sindicales que representan a trabajadores del sector público han difundido ayer el texto del acta-acuerdo suscrita con Manuel Santiago Godoy, presidente de la Cámara de Diputados el pasado día 6 de noviembre.Mediante este acuerdo Godoy asume el compromiso de no tratar en el presente periodo legislativo el proyecto de ley denominado "Disciplina y transparencia fiscal y derogación de la ley de reforma administrativa del Estado y de emergencia económica", remitido por el Poder Ejecutivo y que tramita el legislativo bajo expediente 91-19398/07.
El compromiso de Godoy con los sindicatos apunta a dejar estas cuestiones libradas a los criterios políticos que señale el nuevo gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre.