Salta es un ejemplo claro de inflación de pedidos de informes, muchas veces estrictamente necesarios para asegurar el equilibrio entre los poderes, pero muchas veces también extravagantes, inútiles y hasta deficientemente formulados.Los pedidos de informe se han convertido en un sucedáneo de la buena prosodia y de la calidad oratoria que, antaño, distinguían a los buenos parlmentarios del resto. Hoy parece que la calidad del legislador se mide por la cantidad de pedidos de informes que presenta más que por su versación en cuestiones legales o su habilidad para construir consensos.
Son también un remedio eficaz para combatir ese peligroso síndrome que ataca de modo recurrente la autoestima de algunos legisladores y que se sintetiza en la deprimente frase: "Hoy los diarios no hablan de ti".
El caso es que la energía intelectual, la influencia política y los recursos económicos -incluido el tiempo- que se emplean en estos pedidos, bien podrían canalizarse en otras actividades más provechosas como, por ejemplo, la creación de un gran repositorio informatizado de información de gestión de los diferentes departamentos de Estado, al que podrían acceder los legisladores, sus asesores y las diferentes comisiones parlamentarias.
En ocasiones, los pedidos de informe son utilizados como mecanismos para expresar disconformidad o para hacer oposición a la gestión del gobierno, pero muchas veces también entrañan auténticas "solicitudes de información", y, por tanto, resulta increíble que en pleno auge de la Sociedad de la Información, las necesidades parlamentarias de conocer la actividad del Poder Ejecutivo, en cifras y datos, se resuelvan en expedientes, notas, elevaciones, pases y traslados, cuando en la mayoría de los casos se podría solucionar con un attachment (archivo adjunto).
Una Ley de la Provincia debería regular, a mi juicio, dos puntos fundamentales: a) La fijación de un calendario anual de "sesiones de control al gobierno", como sucede en los regímenes parlamentarios y la consecuente atribución de un cupo de preguntas a cada bloque parlamentario, para que sean formuladas con anterioridad a la celebración de la sesión; b) La posibilidad de requerir a funcionarios públicos de determinado rango (por ejemplo ministros y secretarios de Estado) informes por e-mail (o, incluso, a través de un sistema de comunicación multilateral, como un foro), fijándose un tiempo para su contestación y estableciéndose los mecanismos de censura correspondientes en caso de omisión de respuesta.
Evidentemente, iniciativas de tal naturaleza, de prosperar, dejarían a muchos legisladores sin su juguete favorito, pero ya va siendo tiempo de que los "pedidos de informes" entren en un cauce de racionalidad que asegure su mayor compatibilidad, no sólo con el proceso democrático, sino también con los tiempos que se viven.
De esta forma, los legisladores no dispersarán sus energías en una tarea que a veces se torna penosa por la renuencia de los requeridos a brindar los informes y podrán dar un paso adelante en el deseable objetivo de controlar más estrecha y eficazmente la acción de gobierno.