
Una parte importante de la Justicia es cómo nos ocupamos de la gran mayoría de los salteños que no pueden acceder a la misma, dijo el gobernador durante el acto de firma del convenio.
Urtubey dijo que el Estado "debe facilitar el acceso" a cada uno de los que requieran el servicio y debe fomentarse la cultura de diálogo para evitar la judicialización sistemática de problemas entre vecinos. También opinó que si esto no se hace cualquier mejora que se haga al presupuesto se pondrá en un saco roto.
Sobre la implementación del sistema, el gobernador anunció que la próxima semana comenzará la capacitación de las personas que designen los municipios y que se encargarán de la mediación.
Con respecto al rol de los jefes comunales, manifestó que cuando asumimos el Gobierno dijimos que queríamos más participación de los intendentes, con quienes debemos compartir responsabilidades.
El convenio fue rubricado por el intendente de Salta Miguel Isa, el de Rosario de Lerma Sergio Ramos, el de Metán Roberto Gramaglia, el de General Güemes Daniel Segura, la de Cachi María Fany de Guitián, el de Cafayate Esteban Ocampo, el de Embarcación Alfredo Llaya, el de Joaquín V. González Gerardo Orellana, la de Rosario de la Frontera Rómula Gómez; el de San Antonio de los Cobres Guzmán Viveros, el de El Carril Esteban D´Andrea. En representación de Tartagal firmó el presidente del Concejo Deliberante de aquella ciudad Roberto Quiroz.
También firmaron el acuerdo la defensora general del Ministerio Público Adriana Arellano y el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta Martín Díaz.
Calidad institucional
El gobernador Urtubey destacó que el Gobierno busca mayor calidad institucional de la Justicia y dio como ejemplo la autolimitación del Ejecutivo para el nombramiento discrecional de jueces en la Corte de Justicia. Sobre este proceso dijo que los candidatos deben estar a disposición de la opinión pública con todos sus antecedentes, dando la posibilidad de presentar objeciones al respecto.
Como parte de la calidad institucional mencionó al hecho de que en los jurados de enjuiciamiento de letrados tengan más participación los profesionales del área para que no se mezclen cuestiones políticas.
En Salta existe la Ley provincial Nº 7324 de Mediación que exige el procedimiento de mediación extrajudicial. En su artículo 37 dispone que el Poder Ejecutivo se responsabilice de la instalación de los centros de mediación social, con asistencia gratuita en todo el territorio.