Pasando por alto sus errores, por lo menos los que han resultado acreditados ante el jurado, lo cierto es que el juez destituido había alcanzado esta dignidad no tanto por sus méritos como jurista sino por pertenecer al grupo de poder que desde 1983, con alguna que otra intermitencia, viene avasallando nuestras instituciones. Solá Torino fue un miembro activo del Partido Justicialista de Salta antes de ser juez y alcanzó su apogeo como político cuando el empresario Roberto Romero lo convocó para que lo acompañara como candidato a vicegobernador en las elecciones en que ambos resultaron derrotados en 1991.No se trata de volver a lamentarse por la influencia de la política sobre los jueces y por la afectación de su independencia que supone el que los magistrados respondan abiertamente a los intereses que los han llevado a ocupar los estrados más que a Ley misma, sino de poner relieve que la subordinación de ciertos jueces a intereses de sector, de facción o de partido, suele desembocar en situaciones disvaliosas como ésta, en la que los magistrados pueden llegar a pensar que los poderes fácticos están por encima de la ley y que ellos proporcionan una cobertura de impunidad para que un magistrado pueda servir, no ya a los intereses originales, sino a otros diferentes.
La destitución de Solá Torino pone de relieve también hasta qué punto una persona es capaz de tocar fondo cuando el "grupo de poder" lo señala y lo suelta de la mano. Sería lamentable para los salteños comprobar que detrás de la rápida destitución de Solá Torino se esconde un pase de factura de aquel grupo por algún "incumplimiento" de la "lealtad debida" por el ahora exmagistrado. Lamentable sería, en consecuencia, que fuese verdad el aforismo latino que circula ya por el Foro y que dice "Totum destitutum, Titum arbitrarum".