Ninguna norma de derecho obliga a que los jueces sean amigos, pero el hecho de que el 75% de los magistrados federales de Salta estuvieran enemistados entre sí es expresivo de un deterioro funcional que alcanza, incluso, a quienes se dicen amigos de todo el mundo.La única explicación posible a semejante espectáculo es que la jurisdicción no ha sabido digerir bien el embate de los intereses políticos coyunturales y no ha podido hacer de los jueces los "esclavos de la Ley" que proclamaba Cicerón, sino más esclavos de otros poderes, entre fácticos y de los otros.
Pero la desestructuración de la justicia federal de Salta no beneficia a los poderes fácticos ni al poder político stricto sensu. Los ciudadanos y la política son las primeras víctimas de la ineficacia de la justicia. La situación que se vive en Salta representa un gran triunfo del mundo del delito, especialmente del narcotráfico.
Quienes desde la política o desde fuera de ella han contribuido al deterioro de la justicia federal de Salta no han hecho otra cosa que privar a la sociedad de un instrumento fundamental para su autotutela frente al crimen organizado.
La crisis señala el fin del modelo de justicia dual impulsada por el gobierno provincial instalado en 1983 y refrendada por todos los gobiernos que le sucedieron. Una justicia federal "repartida" entre quienes han sido puestos allí para defender los intereses de la vieja oligarquía lugareña y quienes lo han sido para defender la legalidad de los "nuevos negocios sucios", está tocando a su fin.
Es hora de pensar en un modelo de justicia federal, más neutro y eficiente, que sirva a los ciudadanos comunes, que constituya el último refugio de sus derechos más elementales y que sea capaz de defenderlos y afirmarlos, incluso, frente a la arrogancia de la oligarquía y el desparpajo del crimen organizado.