En la madrugada del jueves pasado, a las dos y media de la mañana - en la última sesión de la actual legislatura-, los senadores que responden al gobernador Romero aprobaron el acuerdo solicitado para cubrir una vacante en la Corte de Justicia de Salta, congelada hace dos años. Calculando el día, la hora y el procedimiento para ingresar al Senado el pliego de acuerdo para el candidato del Poder Ejecutivo, los legisladores aprobaron el nombramiento del secretario de Seguridad Gustavo Ferraris. Un Chávez de derecha
Aunque la cobertura de esta vacante tiene apariencias de legalidad, se consumó entre gallos y medianoches y burlando todas las reglas de juego. Aunque formalmente legal, esta designación carece de legitimidad, dicen los críticos de la medida. En las últimas horas la condena social está alcanzando una magnitud sin precedentes. Es un golpe de Estado institucional. Romero aparece como un Hugo Chávez de derecha, dicen aquí. Pese a la gravedad de esta situación, hasta ahora el Colegio de Abogados de Salta no se pronunció sobre la misma aunque la mayoría de sus ex presidentes la condenaron categóricamente.
En la Provincia de Río Negro, el recurso de amparo presentado por una ONG, pidiendo la nulidad de la selección de magistrados para cargos vacantes, puso allí también este tema sobre el tapete: no se hacen concursos para seleccionar a los postulantes, el Consejo de la Magistratura hace la elección en forma reservada, y no se publican los datos de los postulantes. Un sistema que atenta contra la Constitución provincial y contra los principios básicos de los tratados internacionales.
Urtubey por la reforma
El gobernador electo Juan Manuel Urtubey reiteró que durante su gobierno se modificarán estas prácticas. Urtubey es partidario de introducir transparentes procedimientos de selección, consulta y designación de magistrados. También de restituir a independencia al Poder Judicial, gravemente afectada durante el gobierno de Romero. La designación de Ferraris es interpretada como una respuesta de Romero a la posible designación como funcionarios en el área de la justicia de personas consideradas imitativas para el grupo que gobernó la Provincia en los últimos años.
También es interpretada como una medida destinada a dotar de inmunidad a Ferraris, uno de los funcionarios más cuestionados del gobierno que se va, y también asegurar impunidad a otros funcionarios involucrados en irregularidades y fuertemente sospechados de haberse enriquecido ilícitamente en estos años. El propósito es contar con una Corte de Justicia adicta al anterior gobierno, interesado en que no se revisen las contrataciones y entrega de empresas de servicios públicos a manos privadas.
Tema a debate
La presentación de un amparo por parte de una ONG, pidiendo la nulidad de la normativa actual de proposición y selección de jueces en Río Negro (realizadas en forma reservada por el Consejo de la Magistratura) ha puesto sobre el tapete la falta de transparencia del sistema que actualmente rige en la provincia.
El debate se abrió el viernes pasado, cuando la Fundación Alternativa Popular en Comunicación Social, con sede en Viedma, presentó un amparo ante el Superior Tribunal de Justicia provincial (STJ), reclamando la nulidad de un concurso destinado a cubrir una vacante para juez de Ejecución Penal de la ciudad de Roca, cargo para el cual se presentó el presidente de esta ONG, Juan Pablo Chirinos.
Sucede que la actual legislación de proposición y selección de jueces en esa provincia (ley Nº 2434) no establece la necesidad del concurso y dispone que las reuniones del Consejo de la Magistratura para elegir jueces sean reservadas. Mientras tanto, nadie tiene derecho a acceder a la nómina de los postulantes; es decir, son anónimos, al igual que sus antecedentes.
Se trata, sin dudas, de una norma que atenta contra los mismos principios de la Constitución provincial y de los tratados internacionales a los que la Argentina está adherida.
Por la transparencia
Esta problemática viene siendo denunciada por esta Fundación, que desde hace dos años trabaja junto a otras ONG de diferentes provincias (Asociación Civil Participación Ciudadana, de Tierra del Fuego; Andes, de Jujuy, y Prades, de Santiago del Estero) en un proyecto para transparentar el proceso de designación de jueces, llamado Transparencia y Democracia de las Justicias Argentinas. El reclamo también apunta a garantizar el acceso a la información del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial.
Venimos reclamando un sistema transparente, democrático, participativo y donde además se respete el orden de mérito de los postulantes a jueces, destaca Mario Sánchez, miembro de la Fundación Alternativa Popular. Y señala que existe en la provincia un proyecto para eliminar el tope jubilatorio establecido por la Nación, por lo cual se prevé una jubilación masiva de jueces que están en condiciones de retirarse desde hace tiempo, pero que evitan hacerlo porque con el tope actual cobrarían mucho menos. En este contexto, queremos que las selecciones de jueces que se harán próximamente se realicen democráticamente, comentó.
Nulidad del concurso
Así las cosas, Chirinos, patrocinado por la Fundación que preside, presentó el amparo reclamando la nulidad del concurso destinado a cubrir la vacante para la cual se presentó, por considerar que el mecanismo de selección sin concurso y sin decisión fundada es inconstitucional, violatorio de los tratados internacionales y atenta contra los principios de legalidad e igualdad. Y lo hizo después de haber reclamado al Consejo de la Magistratura de Roca, en reiteradas ocasiones, que se tomara el concurso necesario para cubrir el cargo público, tal como lo establece el artículo 222 de la Constitución provincial. También solicitó que se le informara acerca de los parámetros con los cuáles se realizaría la selección.
Un año y medio después, Chirinos no había obtenido respuesta, por lo que decidió presentar el amparo ante el STJ el viernes pasado. Horas después, un legislador oficialista presentó un proyecto de ley para que los jueces y funcionarios judiciales sean elegidos por concurso de oposición y antecedentes. Sin embargo, ese proyecto para la selección por concurso, le da más importancia a la evaluación que realiza la oposición y a la entrevista personal que a los antecedentes del postulante. Creemos que la iniciativa es un avance, pero hay que reducir el puntaje subjetivo y respetar el orden de mérito por antecedente, recalcó Sánchez.
La sociedad amenazada
Mediante el amparo, Chirinos y la ONG solicitaron también que se llame a un nuevo concurso para cubrir la vacante, "estableciéndose a tal efecto criterios objetivos y previamente determinados para evaluar, en condiciones de igualdad, en los procedimientos de selección de designación de magistrados y funcionarios".
El fundamento del amparo no sólo se basa en los principios constitucionales y de derechos humanos, sino también en que afecta a toda la sociedad. Además de intereses individuales legítimamente protegidos, (se trata de) verdaderos derechos de incidencia colectiva, destaca el texto del amparo.
Luego detalla cuáles son los derechos colectivos violados por el actual sistema de selección de jueces: La efectiva vigencia del sistema republicano de gobierno, la violación a la independencia del poder judicial, la violación a la Convención Interamericana contra la Corrupción, la violación del principio de igualdad de oportunidades para el acceso a un cargo público, la inobservancia de la garantía de readecuación de toda norma hacia los estándares de los derechos fundamentales en juego.
Contratación pública
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción obliga a la Argentina a adoptar "sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia, criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción", explicó Chirinos. Y agregó, en referencia al procedimiento de selección para la vacante a la que se presentó: "El problema intrínseco del presente concurso es que no lo es, es una ficción".
Mientras tanto, las repercusiones del amparo fueron tan ilógicas como el mismo sistema actual de selección de jueces: un proyecto de ley oficialista poco claro, y la suspensión de designación de jueces en algunas ciudades, como Bariloche, hasta tanto no haya una nueva legislación. ¿La sorpresa más grande? En Roca sólo se suspendió el concurso de la vacante para la que Chirinos se presentó; el resto, seguirá su curso tal como se viene realizando hasta ahora.
Mientras un proceso de selección en Río Negro produjo este fuerte cuestionamiento, en Salta la designación de un ministro de la Corte sin selección, sin antecedentes y acusado de desobedecer órdenes de la justicia, llama la atención que, hasta ahora, no mereció un pronunciamiento del Colegio de Abogados ni de la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Salta, de las que se espera una palabra clara en una situación tan grave como esta.