Se trata del ex director de Seguridad de la policía provincial Joaquín Guil y del ex oficial de la Policía Federal Juan Carlos Alzugaray, quienes están acusados por el secuestro y asesinato de un militante justicialista, en febrero de 1975. La orden detención a Guil surgió como consecuencia de la reapertura del caso del secuestro y asesinato en Salta de Rubén Fronda, dirigente del Sindicato de Vendedores Ambulantes. Fronda, que era un joven de veintitantos años, fue uno de los primeros asesinados durante la represión ilegal en Salta. Los arrestos se produjeron el último viernes, por orden del juez federal número 1, Abel Cornejo. El comisario (r) Guil, quien gozaba de prisión domiciliaria, además está imputado en las causas que investigan la llamada Masacre de Palomitas y el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.
En este caso, el juez Cornejo consideró que por la entidad de los delitos que se le atribuyen a Guil y Alzugaray (privación ilegítima de la libertad, homicidio calificado y torturas), éstos no resultan excarcelables porque los eventuales responsables pueden eludir la acción de la Justicia.
El caso que motivó la detención de ambos ex integrantes de las fuerzas de seguridad es el asesinato de Eduardo Fronda, cuyo cuerpo apareció acribillado a balazos y con signos de tortura y golpes, en un camino rural, en febrero de 1975. A esta causa, el juez agregó la detención ilegal y torturas que sufriera Víctor Hugo Elías, y también las desapariciones de de Hugo Eduardo y Walter Alejandro Montesinos, Julio Víctor Apaza y Nora Esther Trench.
Cornejo entendió que por la entidad de estos delitos debía revocarse por contrario imperio las libertades simples que habían sido otorgados por el juez federal, Miguel Medina, mientras estuvo a cargo de la causa. En el caso de Guil, la jueza federal subrogante, Graciela Comas, lo benefició con el arresto domiciliario (es mayor de 70 años) pese a estar sindicado como uno de los responsables del operativo de secuestro del ex gobernador Miguel Ragone, ocurrido el 11 de marzo de 1976.
También es acusado de ser partícipe de la llamada Masacre de Palomitas, en junio de ese mismo año, cuando fueron fusilados 11 presos políticos que habían sido retirados del penal local para un supuesto traslado. La magistrada rechazó los pedidos realizados por familiares de las víctimas y sus representantes legales, para que Guil permanezca alojado en una cárcel común.
En su resolución, Abel Cornejo entendió que resulta inaudito que en las causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos se adopten criterios diferenciales, distintos o de privilegio en el orden procesal.