El proceso de amparo que tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es impulsado por comunidades aborígenes y criollos de los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, y en el que el tribunal ha ordenado ya una muy sonada medida cautelar de cese de los desmontes autorizados por el anterior gobierno de Salta, ha dado un paso más con la celebración de una audiencia de partes a la que acudieron, en calidad de demandados, el fiscal de Estado de Salta Ricardo Casali Rey y el ministro de ambiente Juio Nasser. Si bien son contradictorias las versiones que sobre este acto procesal se recogen en los diferentes medios de comunicación, lo cierto es que la audiencia no ha modificado sustancialmente el estado de cosas, toda vez que la Corte no ha modificado su parecer y no ha levantado la medida cautelar de cese de los desmontes.Lo que sí ha quedado claro es que la Provincia de Salta se ha opuesto a la pretensión de amparo y ratificado, por boca del fiscal de Estado, que los desmontes cuyo cese la corte ha ordenado, han sido autorizados de forma legal y que el gobierno actual, encabezado por Juan Manuel Urtubey, respetará estas autorizaciones. Estas afirmaciones, hechas en el contexto del ejercicio del derecho de defensa en juicio de la Provincia, no supone -como se ha dicho- que la Provincia dejará de cumplir la orden cautelar de cese emitida por la Corte, ya que su inobservancia provocaría -además de daños económicos- un inusual conflicto institucional con el máximo tribunal del país.
El fiscal Casali Rey intentó plantear en la citada audiencia la incompetencia de la Suprema Corte, pero el presidente del tribunal, al continuar con el acto, ratificó implícitamente la competencia de la Corte, si bien no desestimó expresamente la cuestión interpuesta por Casali y se comprometió a tratarla en otro momento.
De acuerdo al desenvolvimiento de la audiencia, los miembros del tribunal deseaban conocer, de boca de los demandados, su opinión acerca de la legalidad de las autorizaciones administrativas de desmonte concedidas por el gobierno Romero y si el actual gobierno compartía aquellos criterios. La audiencia alcanzó un punto crítico cuando la Corte se interesó por conocer la existencia de "una evaluación del impacto ambiental que produjo el desmonte del casi millón de hectáreas". Las respuestas del ministro Nasser condujeron al tribunal a la certeza de que tal estudio no existe, que aún está pendiente de efectuarse.
Si bien Casali Rey esgrimió el criterio de la "continuidad jurídica" para justificar la adhesión de su gobierno a la política de Romero, no pudo, sin embargo, responder con acierto a la pregunta del juez Maqueda interesado en saber los motivos de "la decisión política" del gobierno anterior de aumentar sustantivamente las autorizaciones para desmontes y las superficies afectadas. Casali respondió: "No conozco una razón científica para estas autorizaciones".