El proyecto de ley fue aprobado por Acordada 10215 y firmado por el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Posadas y los jueces del Alto Tribunal, María Rosa Ayala, Gustavo Ferraris, Guillermo Catalano y Abel Cornejo. Es el resultado de conversaciones mantenidas entre el juez Abel Cornejo y el ministro de Justicia Kosiner.La Corte ha justificado la iniciativa argumentando que con la creación de los nuevos juzgados "se busca atender la demanda ciudadana y cumplir con una de las metas fijadas en el Plan Estratégico II del Poder Judicial" respecto de favorecer un servicio de Justicia eficaz y eficiente, con resguardo de los principios éticos y de los derechos, requiere una visión que contemple el fenómeno judicial con la demanda social, para garantizar la efectiva vigencia del derecho de acceso a la Justicia, dando cumplimiento así a disposiciones que integran el bloque constitucional nacional, como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La información oficial señala también que los dos juzgados cuya creación propicia el Alto Tribunal tendrán la característica de ser de competencia múltiple en lo Laboral, Civil, Comercial y de Personas y Familia. Ambos podrán actuar en grado de apelación en contra de las resoluciones sobre faltas o contravenciones policiales.
En el caso del Juzgado de Primera Instancia con competencias en lo civil, comercial, laboral y de personas y familia con asiento en la ciudad de Cafayate, el proyecto de la Corte de Justicia busca modificar la ley 6687 extendiendo la competencia territorial a los departamentos de Cafayate y San Carlos, pero manteniendo la dependencia funcional del Distrito Judicial del Centro.
El segundo juzgado funcionará en Joaquín V. González y tendrá competencias en materia civil, comercial, laboral y de personas y familia. Su competencia territorial abarcará al departamento Anta, con dependencia del Distrito Judicial del Sur. El proyecto prevé que en casos de impedimento, inhibición o recusación, los jueces de estos nuevos tribunales serán reemplazados por el Fiscal, el Defensor Oficial de actuación ante el Juzgado o un abogado de la matrícula con domicilio en la jurisdicción que será sorteado por el tribunal.
Paralelamente, la iniciativa propone crear dos Fiscalías de Primera Instancia y dos Defensorías Oficiales Públicas, una con actuación en el Juzgado de Cafayate y la otra en el Juzgado de Joaquín V. González.
Cámaras
En el artículo 7 de la iniciativa legislativa de la Corte, se propicia la modificación del artículo 2 de la ley 5595 adoptando el modelo de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, de modo que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta tendrán tres miembros por Sala contra los dos miembros actuales. El sistema, según se sostiene en la Acordada 10215, permitirá agilizar el trámite recursivo y mejorar el sistema de reemplazos. De esta forma la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial estará compuesta por quince jueces dividida en cinco salas de tres miembros cada una. Se propicia incorporar el texto de la ley 5595, un artículo 2 bis según el cual, para dictar sentencia válida, se requiere el voto totalmente concordante de dos jueces.
Nuevo Juzgado de Ejecución de Sentencias
El proyecto ingresado a la Legislatura provincial también propone la creación de un nuevo Juzgado de Ejecución en el Distrito Judicial del Norte. En la actualidad funciona un solo tribunal con esta característica en la Provincia, ya que en el Distrito Judicial del Norte es un juez de la Cámara en lo Criminal quien cumple esa función para ese Distrito. Con la propuesta de la Corte, habría dos juzgados con esa competencia en el control del cumplimiento de las sentencias penales condenatorias. Uno tendrá asiento en Salta y su jurisdicción comprenderá a los Distritos Judiciales del Centro y el Sur, mientras que el otro tendrá asiento en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y con jurisdicción en el Distrito Judicial del Norte circunscripciones Orán y Tartagal.