Frente a la extensión de estos casos no alcanza con decir que se trata de un fenómeno tan antiguo como el hombre, equivalente a recordar que pobres habrá siempre. Tampoco parece pertinente argumentar que ahora estos casos, antes en la sombra, ahora salen a la luz y que, por ese motivo, su incidencia parece mayor. En junio pasado el Colegio de Abogados de Salta señaló la gravedad de esta situación en Salta y advirtió sobre su repercusión en la justicia, partir de la implementación de la ley provincial 7.403 de Protección de Víctimas de la Violencia Familiar, que entró en vigencia en diciembre del año 2006, que produjo una avalancha de denuncias en los juzgados penales y de familia colocándolos al borde del colapso por la sobrecarga de casos que dejaron al descubierto las falencias de una administración de justicia con problemas estructurales y de recursos económicos y humanos.
Más 600 causas en un mes
La advertencia del Colegio de Abogados coincidió con la entrada en vigencia de la aplicación de medidas de emergencia en los juzgados de familia dispuesta por la Corte de Justicia de Salta, en una acordada fundamentada en polémicos argumentos. Según fuentes oficiales, en al año 2006 se presentan 211 casos de violencia familiar por mes.
En un solo mes de ese año, sólo en los juzgados de la Ciudad de Salta, se presentaron 655 causas. Según el gobierno, en junio de 2007 el número de casos descendió un 60%. A esa medida, se añadió luego el proyecto de habilitar tres nuevos juzgados de familia en otros tantos distritos judiciales del interior de la Provincia.
Acceso a la información
Ahora, la Corte de Justicia acaba de aprobar un convenio de cooperación entre la Secretaría de Superintendencia del Poder Judicial y el programa de Riesgos Sociales dependiente de la Coordinación de políticas Públicas Provinciales para coordinar esfuerzos facilitando el acceso de los jueces del fuero de Personas y Familia al registro que funciona en el ámbito del Poder Ejecutivo.
La Corte de Justicia dictó la Acordada 9829 aprobando el convenio suscripto entre la Coordinación de Políticas Públicas Provinciales a través del Programa de Riesgos Sociales y la Secretaría de Superintendencia del Poder Judicial de Salta. El convenio permitirá entrecruzar información y complementar esfuerzos para la atención de problemas emergente de los episodios de violencia familiar.
El convenio, procura la colaboración interinstitucional para la tutela de las víctimas de la violencia doméstica, sentando las bases para la coordinación de los esfuerzos que se realizan a través del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en cumplimiento de lo establecido en la ley 7403.
Seguimiento más riguroso
De esta forma, se intenta que los magistrados intervinientes en causas de violencia familiar accedan a la información contenida en el registro que funciona tanto en el Ejecutivo como en la Justicia. En el convenio se establece que las partes se comprometen a utilizar la información, resguardando debidamente el derecho a la intimidad de las personas.
El convenio deja asimismo establecida la posibilidad de brindar, a través de los servicios del programa, el seguimiento de los casos de violencia doméstica a requerimiento del juzgado interviniente.
Capacitan a policías
El lunes próximo 17, en la Escuela de Policía, se realizará la primera charla del ciclo de capacitación para efectivos policiales organizada por la Escuela de la Magistratura. El tema principal será la aplicación de la ley 7403 sobre protección de las víctimas de la violencia familiar y la utilización del formulario con el que se busca dotar de información precisa a los tribunales de turno.
Jueces del fuero de Personas y Familia brindarán charlas de capacitación a efectivos policiales de toda la provincia sobre la aplicación de la ley 7403 de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y el nuevo instructivo implementado por la Corte de Justicia por Acordada 9828 con la finalidad de recoger información precisa en el mismo lugar del hecho y acelerar la adopción de medidas de protección.
La primera de las charlas se desarrollará el lunes 17 a las 17 horas en la Escuela de Policía y un día después, a la misma hora, se realizará una actividad similar en la Escuela de la Magistratura ubicada en el predio de la Ciudad Judicial.
Agilizar trámites
Las charlas se desarrollarán en toda la provincia. Para ello, ya se programaron actividades en Metán, Cafayate, Orán, Tartagal y Cachi, lo que permitirá que efectivos policiales de toda la provincia conozcan pormenorizadamente la utilidad del nuevo formulario.
Hasta aquí, la información que recibían los juzgados cada vez que se producían casos de violencia doméstica, llegaba en el Acta Única que desde la vigencia de la reforma del Código Procesal Penal de la Provincia, debe confeccionar la Policía cuando se produce un delito tipificado como leve.
El nuevo formulario busca complementar la información contenida en el acta que es remitida al Fiscal Correccional y de Garantías en turno.
De esta forma, se podrá optimizar la aplicación de la ley 7403 de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar, permitiendo que el magistrado que en turno deba intervenir, cuente con la información necesaria para adoptar las medidas pertinentes.
Básicamente, el formulario busca recabar toda la información posible sobre la víctima, dándole al magistrado la mayor cantidad de elementos para disponer medidas inmediatas para la protección de las personas.
Así, se deberá indicar los lugares que habitualmente frecuenta o si se tramitan causas vinculadas al divorcio, alimentos, régimen de visitas, tenencia o incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, entre otros datos. También se deberá informar si es que la víctima denunció con anterioridad por violencia familiar al agresor y si tiene otras causas penales anteriores.
De acuerdo al instructivo contenido en la Acordada aprobada por el Alto Tribunal, los efectivos policiales deberán realizar una constatación sumaria de los hechos en el lugar donde habrían ocurrido, realizar un informe sobre el maltrato denunciado producto de la constatación a simple vista y en caso de que el hecho constituyera un delito, se faculta a la Policía a realizar una identificación simple para elevar la planilla prontuarial respectiva. También deberá informar sobre si está en trámite alguna causa penal.