La Corte de Salta lo hizo a través de Acordada 10121 en cuyo texto se destaca la decisión del alto tribunal de compartir en todos sus términos el documento emitido el 2 de agosto de 2008 en Rosario de la Frontera por los Jueces de las Cortes y Superiores Tribunales de Justicia del Noroeste Argentino y los Jueces del Fuero de Familia de la misma región.Una copia de esta Acordada junto al documento elaborado por la Junta Permanente fue enviado al gobernador de la provincia y al Consejo Consultivo Permanente para la Política Judicial.
En el caso de la resolución de la Corte de Justicia de Catamarca, ésta expresa la adhesión del tribunal al documento, disponiéndose gestionar un encuentro con el gobernador de esa provincia a fin de entregarle una copia de la declaración y poner en conocimiento la preocupación de los poderes judiciales del NOA en relación a la problemática de violencia familiar y la necesaria interrelación entre los dos poderes del Estado.
El documento aprobado durante las deliberaciones de Rosario de la Frontera, es el siguiente:
La protección de víctimas de violencia familiar requiere de políticas públicas en forma coordinada entre los Poderes del Estado, que se traduzcan en:
1) Una tarea de prevención, con personal especializado, a través de los distintos estamentos del Poder Ejecutivo, en las áreas de educación, salud y acción social.
En ese ámbito se sugiere la creación o integración de equipos interdisciplinarios (psicólogo, asistente social, médico y abogado), encargados de la contención y asistencia integral de las víctimas y orientación sobre el modo de afrontar y solucionar la problemática.
2) En el accionar de la justicia:
· La atención jurisdiccional del conflicto de violencia familiar está a cargo de un juez proactivo, comprometido con la problemática social y dispuesto a ejercitar su imperio a los fines del efectivo cumplimiento de las medidas adoptadas en protección de la víctima.
· Los Tribunales Superiores de Justicia gestionarán los equipos interdisciplinarios necesarios (médicos, psicológicos, asistentes sociales, antropólogos y los profesionales que fueren pertinente incorporar), para el cumplimiento de la función.
· Es necesario contar con personal policial especialmente capacitado en violencia familiar.
· La víctima deberá contar con asesoramiento jurídico.
· Los juzgados con competencia en protección de víctimas de violencia familiar deberán adoptar métodos modernos de gestión.
· La mediación en conflictos por violencia familiar, que no constituyan delito, podrá realizarse en centros de mediación, en forma previa a la judicialización.
· Los Superiores Tribunales del NOA tienen en cuenta la especial preocupación de la provincia de Salta con relación a la delimitación de las competencias en los conflictos de violencia familiar.
3) Para el cumplimiento y seguimiento de las medidas dispuestas en el proceso de violencia familiar, los jueces deberían contar con la asistencia de los equipos interdisciplinarios del Poder Ejecutivo.
4) Resulta conveniente a los fines de evaluar los resultados de las políticas y acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, la elaboración de las estadísticas pertinentes.
La Junta Permanente de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia del Noroeste Argentino es encabezada por la vicepresidenta de la Corte de Justicia de Salta, María Cristina Garros Martínez.
Jueces de todo el país deliberarán en Córdoba desde el 18 de septiembre
Bajo el título Fundamentos Institucionales de la Independencia del Poder Judicial se realizará en Córdoba, entre el 18 y el 19 de setiembre, la Tercera Conferencia Nacional de Jueces. Más de 500 magistrados de todo el país analizarán los procesos de selección y acusación de los jueces y su status institucional, funcional y previsional. El objetivo del encuentro es consolidar políticas de estado ya fijadas en las dos conferencias anteriores y avanzar en nuevas estrategias destinadas a mejorar el servicio de justicia.
La Tercera Conferencia Nacional de Jueces comenzará el 18 de setiembre, a las 11,30, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia de la provincia de Córdoba (Caseros 551), con el mensaje de apertura del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. El encuentro es organizado por el máximo Tribunal, junto a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Federación Argentina de la Magistratura.
Tras el acto inaugural, comenzarán a deliberar las dos comisiones: El proceso de selección y acusación de los jueces nacionales y provinciales y Status institucional, funcional y previsional del juez. Este trabajo se desarrollará en el complejo Dinosaurio Mall (Rodríguez Del Busto 4086).
Las conferencias nacionales de jueces constituyen un ámbito para el diseño de políticas de estado destinadas a mejorar el servicio de justicia. Así, durante la reunión en Córdoba no sólo se abordarán nuevas cuestiones como las planteadas, sino que se brindarán informes sobre decisiones adoptadas en anteriores encuentros, tales como la creación de las comisiones de Gestión, Informática y Acceso a Justicia.
La Primera Conferencia Nacional de Jueces se realizó en 2006, en la ciudad de Santa Fe. Allí se analizaron distintas temáticas en paneles y comisiones de trabajo: Ética judicial; Prensa, justicia y sociedad; Independencia judicial y Capacitación y Escuela Judicial.
El segundo encuentro con igual formato tuvo lugar en Salta en 2007 y abordó cuestiones relativas a la gestión judicial y su mejora mediante criterios de eficacia e incorporación de herramientas tecnológicas; la litigiosidad creciente y los mecanismos facilitadores para la resolución alternativa de conflictos y la independencia del Poder Judicial.
La declaración final del foro, entre otros puntos trascendentes, señaló que el Poder Judicial debe contar con el manejo autárquico de su presupuesto en forma plena, al tiempo que resolvió la creación de las comisiones permanentes de Acceso a la Justicia y Resolución de Conflictos y de Gestión Judicial y anunció la puesta en marcha de un Plan Nacional de Informatización de la Justicia Nacional.