Lo más llamativo del caso es que el juez de faltas interviniente, no sin cierta indignación, saltó inmediatamente a la prensa para "defender la legalidad" de la clausura perpetrada en perjuicio de los estudios de Villanueva, pasando por alto en todo momento el hecho de que su propio desempeño como juez de faltas es objeto de una fuerte contestación jurídica dentro del propio municipio. El juez de faltas designado por el señor Corimayo no reúne los requisitos previstos en la Carta Orgánica municipal para desempeñar tal cargo, y, en especial, el requisito del ejercicio mínimo de la profesión, que no es una exigencia cualquiera sino la que precisamente prejuzga sobre su aptitud o idoneidad para desempeñar un cargo de semejante responsabilidad.La vieja frase popular "se asusta el muerto del degollao" se puede aplicar perfectamente a este caso, pues el juez que juzga la adecuación de una actividad determinada a la habilitación municipal previamente concedida y resuelve clausurar un local con manifiesto lujo de arbitrariedad, no ha reparado que su propia actuación podría constituir un delito penal y de los más graves.
Villanueva ha dicho que para salvar "el pequeño detalle" de la falta de experiencia profesional del señor juez de faltas de Cerrillos, el sagaz intendente ha resuelto designarlo "juez en comisión", una figura que tiene un profundo arraigo en las prácticas viciosas de las dictaduras militares y, simultáneamente, ningún anclaje en la legalidad cerrillana vigente. Simplemente se trata de un invento, sacado con una rapidez voluptuosa y clandestina de esa profunda y casi inacabable chistera de que dispone el intendente cerrillano y a la que suele recurrir con frecuencia, especialmente cuando anda necesitado de excusas, atajos o coartadas que le permiten eludir las decenas de procesos judiciales a los que se encuentra sometido.
El periodista afectado ya ha anunciado la promoción de una acción de amparo contra la resolución del juez cerrillano, pero cualquiera sea el resultado de este procedimiento, es posible que los atropellos contra los derechos de los ciudadanos continúen bajo la máscara de una "justicia municipal".
Según sus propias declaraciones, el juez de faltas ha clausurado un local, no por no contar con la habilitación municipal correspondiente, sino haciendo constar que la habilitación como "agencia de publicidad y actividades afines" era "insuficiente" para dar cabida a la actividad de "estudio de televisión", como si en el presumiblemente inexistente nomenclador de actividades económicas cerrillanas existiera el rubro de "estudio de televisión". Si una agencia de publicidad debidamente habilitada no puede producir televisión y necesita el "visto bueno" del señor intendente para poder hacerlo, lo único que queda como conclusión para los ciudadanos es que don Rubén Corimayo no desea que sus vecinos progresen, sobre todo cuando se trata de vecinos que lo critican diariamente.
Es muy poco probable que Cerrillos, tierra pródiga en carnicerías, kioscos, peluquerías y pequeños almacenes, tenga contemplado el "rubro" de estudio de televisión en su nomenclador municipal, suponiendo, a su vez, que un instrumento como este existiese y fuese conocido por todos los ciudadanos y no sólo por los inspectores municipales. O tal vez el intendente Corimayo, en su prologado abrazo con los margenes exteriores de la Ley, vuelva a sorprendernos y salga a la palestra con un "código habilitatorio", que no sólo contemple la venia municipal para el funcionamiento de estudios de televisión sino también la posibilidad de que en Cerrillos se erija un "laboratorio de aceleración de partículas".
Muy poco feliz ha sido también la referencia del juez de faltas al COMFER, cuya jurisdicción y competencia se limita a aquellos sistemas de televisión que hacen uso del espectro público de radiofrecuencias. Extender las facultades de aquel organismo a los "estudios de televisión" -como pretenden Corimayo y su juez de faltas- equivaldría a permitir a los inspectores de bromatología penetrar impunemente en las cocinas de los domicilios particulares para analizar la calidad de los alimentos. No faltará, por supuesto, quien algún día defienda también la necesidad de que el COMFER fiscalice las emisiones de vídeos en YouTube y que organismos inútiles como el INADI aperciba a los blasfemos que lanzan improperios contra el gobierno en la sagrada intimidad de sus hogares.
El estudio clausurado en Cerrillos producía algunos programas para el operador Norte Visión, una red de televisión por cable con amplia implantación en el Valle de Lerma de Salta, por lo que su sumisión al imperio del COMFER no puede ser sino mediata y no depender de habilitación, conformidad o licencia de este organismo.
Lo consumado por Corimayo y el juez de faltas Rodríguez se inscribe en la línea de una constante pero eficaz tarea de aniquilamiento de la oposición, que tan buenos réditos le ha dado al intendente en términos electorales. Más clausuras y más censuras, sin que los cerrillanos sean capaz de levantar la voz, asegurarán que el intendente Corimayo llegue a la edad de su jubilación sentado en el mismo sillón y siga entreteniendo a su pueblo con demostraciones histriónicas de su capacidad para disfrazar la realidad y para garantizar a los cerrillanos y a sus descendientes más pobreza, más atraso y más autoritarismo antidemocrático.