Sucede, claro, que el periodismo refleja con bastante precisión los cambios de talante de su lectorado y éste, que durante los primeros años de administración del pater familiae acompañaba al gobierno con benevolencia, fue tomando distancia del oficialismo. La opinión pública de las grandes ciudades firmó el divorcio en las elecciones de octubre y las clases medias rurales lo hicieron en las demostraciones del campo del mes de marzo, que se iniciaron como un rechazo sectorial a las abrumadoras retenciones móviles aplicadas a la soja y el girasol y se transformaron, en su desarrollo, en un cuestionamiento al esquema económico que practica la Casa Rosada, que en esta columna designamos como "modelo confiscatorio centralista de matriz parasitaria", pues su lógica reside en succionar recursos de los sectores productivos más competitivos de todos los distritos para acumularlos en la caja central y utilizarlos desde allí en la imposición y financiamiento de obediencia política, en la distribución caprichosa y descontrolada de subsidios y en la implantación de un "capitalismo de amigos". La movilización del campo impulsó un reclamo que comienza con la necesidad de una auténtica política destinada a estimular las cadenas de valor que se apoyan en la competitividad de la agricultura y la ganadería argentinas y se extiende a la exigencia de un verdadero federalismo fiscal, que contemple los intereses de los pueblos de la Argentina interior.La "opinión publicada" acompañó y reflejó el rotundo giro de la opinión pública y el gobierno sintió entonces que se encontraba ante un desafío mayor.
Hay que recordar que en la óptica confrontativa y conspirativa del oficialismo no hay espacio para especular sobre errores propios: los desafíos, entonces, no son consecuencia de los actos del gobierno, sino manifestaciones de una confabulación. La "oligarquía ganadera" (designación mitológica del oficialismo a los productores del campo), apoyada por "los defensores de Videla" (etiqueta kirchnerista para los sectores urbanos que se solidarizaron cacerola en mano con los campesinos) quiere voletar al gobierno y está coaligada con "la patria periodística", que "miente", puesto que no comparte "el relato" del gobierno, es decir, la verdad.
Para la mirada de Néstor Kirchner esa confrontación no admite un empate. Es a matar o morir.
Si en su momento la conquista del aparato político bonaerense que durante años acompañó a Eduardo Duhalde fue considerada por la Casa Rosada como "la madre de todas las batallas", la actual ofensiva gubernamental por "el control del relato" (es decir, por la hegemonía de la interpretación oficial de los acontecimientos) es la segunda versión de aquella cruzada. Ahora quien se encuentra enfrente no es un jefe político como Duhalde, sino el régimen de libertad informativa y el sistema de medios que lo encarna. El gobierno centra ahora sus ataques sobre los medios más fuertes simbolizados por el Grupo Clarín y el diario La Nación-, convencido de que, así como la conquista del aparato bonaerense disuadió hasta ahora al resto del aparato del PJ de cualquier signo de autonomía, enfrentar y arrinconar a los medios mayores operará como advertencia elocuente al conjunto.
La ofensiva oficial abarca el uso de todos los medios de poder que el Ejecutivo ha concentrado, sin excluir entre ellos su control de un Poder Legislativo que hasta ahora se ha mostrado dispuesto a entregar dócilmente sus atributos constitucionales. Allí están las acciones del llamado Observaotio de Medios, la abrupta iniciativa de una nueva ley de medios, las diagonales del "capitalismo de amigos" para adquirir canales de alcance nacional (como el 11), las presiones y contrapresiones que rodean el futuro sistema de televisión digital, etc.
En su pelea contra lo que sus voceros describen como confabulación, el oficialismo desarrolla un relato que embellece sus títulos y deforma a sus adversarios: un gobierno "mayoritario" empeñado en "redistribuir el ingreso" y trabajar "por los más pobres" es impugnado, embestido, "extorsionado" por una oligarquía "egoísta", "con afán desmedido de ganancia" y por medios que "no representan la libertad de prensa, sino la libertad de empresa", deforman la realidad y "discriminan".
Sin que ello implique desconocer la legalidad que lo ampara, hay que admitir que no es adecuado definir al gobierno como "mayoritario: con 8.156.000 sufragios recogidos en todo el país, la señora Cristina de Kirchner obtuvo el respaldo de un 29 por ciento del padrón electoral: 2 de cada 7 inscriptos.
La legalidad de origen no debería ser óbice para que el ejercicio del gobierno también cumpla con los procedimientos democráticos y republicanos. La concentración de atribuciones por parte del Ejecutivo (entre ellas nada menos que la fijación de impuestos y la distribución de recursos por fuera del Presupuesto) no puede considerarse un ejemplo de democracia.
La tradición democrática, por otra parte, no avala la idea de que el Estado controle a la prensa y a los ciudadanos, sino más bien la opuesta. "Un poder delegado que no tenga control y vigilancia de otros poderes y de los ciudadanos tiende naturalmente a violar el principio de su representación y a convertir esa delegación en soberanía propia", en poder absoluto, sostenían constitucionalistas de la revolución francesa como Condorcet y Brissot.
Tanto la expresión directa de la ciudadanía como la acción de los medios de prenso forman parte de los instrumentos de vigilancia popular. La idea de que la Verdad se encarna en el relato del Poder estatal es una quimera autoritaria. ¿Se establecerá acaso un Ministerio de la Verdad? ¿Se ofrecerá esa cartera a Guillermo Moreno, el hombre que burila para el INDEC esa expresión quintaesenciada del "relato" oficial representada por los índices de costo de vida que emite el INDEC?
El gobierno decide pelear contra el campo y contra los medios, y culpar a los confabulados por todos los males que exhibe la realidad. Si crecen los precios (aunque el INDEC no lo registre) la culpa es del campo. Y de las mentiras de prensa que "incrementan las expectativas inflacionarias". No del crecimiento desmedido del gasto público ni de las políticas que recalientan el consumo y desalientan la inversión.
El campo resulta culpable, en el relato oficial, hasta de la larga temporada de humo que sofoca la Capital Federal y ciudades y pueblos de varias provincias. Esa interpretación, difundida por la Presidenta, su ministro de Interior y su secretaria de Medio Ambiente le permite al gobierno jugar nuevas fichas en su batalla con las organizaciones rurales y gambetear las responsabilidades oficiales en la emergencia.
Porque lo cierto es, como señaló el titular del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) es que "hay fotografías aéreas e imagen satelital del 3 de abril cuando había tres focos en la zona del Delta, que no deberían haber aparecido". Y se pregunta: "¿Por qué no se apagaron?". Son organismos estatales los que reciben las imágenes del satélite y los que, en principio, deben actuar. Justamente el Defensor del Pueblo, actuando con loable independencia, ha iniciado una demanda contra el Estado "por inacción". Es que fueron 10 días de negligencia estatal frente a un incendio de campos que ha provocado víctimas fatales, clausura de rutas, suspensión de vuelos. Un gobierno de trato habitual con aviones y helicópteros no ha sido capaz de movilizar aparatos hidrantes para apagar el fuego o, en caso de no disponer de ellos, de solicitar ayuda a países amigos. El gobierno se come los ingresos de retenciones, centraliza los recursos; pero tira los problemas sobre hombros locales: fue conmovedor ver a bomberos y voluntarios de los pueblos afectados luchar en inferioridad de condiciones frente a un fuego que constituía una emergencia regional y nacional.
Como suele ocurrir, el oficialismo empezó a reaccionar recién cuando los hechos escalaron en la atención de los medios informativos. Y su reacción consistió básicamente en echar culpas a terceros. La Justicia deberá en su momento encargarse de esclarecer el origen de los hechos: si se trató de acción irresponsable de productores, del sabotaje de piromaníacos o de una acción concertada destinada a dañar la imagen del campo. Pero la primera tarea de los gobernantes reside en prevenir. Y si llega tarde a eso, solucionar. En cambio, lo que se escuchó decir a las autoridades (entre otros a la increíble secretaria de Medio Ambiente, Romina Piccolotti) es que no se podía hacer nada, había que esperar a la lluvia. ¿Qué tal si designan a la señora Lluvia o al señor Viento en la secretaría de Medio Ambiente?
Nublada por el humo y las maniobras se consume, entretanto, la tregua acordada por el campo al gobierno para solucionar los problemas generados por las inconsultas retenciones móviles. Se ha dicho ya que Néstor Kirchner, convencido de que enfrente tiene a enemigos confabulados, no apuesta a empatar ni a convencer, sino a derrotar. Seguramente por eso las conversaciones no van hacia ningún destino. El gobierno subrayó esa circunstancia el viernes cuando, después de mantener varias sesiones de negociación con las organizaciones del campo, decidió dar a conocer unilateralmente y sin aviso previo medidas que están muy lejos de la solución.
La tregua se agota el 2 de mayo. Después, si el humo lo permite, viene la batalla. Quizás la madre de todas ellas.