Al iniciarse marzo, cuando tuvo que inaugurar las sesiones del Congreso, se comentó en esta columna: "La señora volvió a sacar buena nota en la bolilla de oratoria. Las pruebas de presidencialidad, con todo, incluyen otros temas que ella aún no afronta. Dicen que en marzo ocurrirán definiciones. Marzo un mes de exámenes- recién empieza".En efecto, antes de que concluyera el mes la señora debió atravesar pruebas de mayor dificultad. Una medida recaudatoria lanzada por el Poder Ejecutivo (el incremento del porcentaje de retención a las exportaciones de soja y el establecimiento de un mecanismo de virtual congelamiento de precios) desató la vigorosa respuesta de la familia agropecuaria, que se lanzó al paro de actividades y se congregó en asambleas espontáneas a la vera de las rutas de centenares de pueblos de todo el país.
La conmovedora movilización del campo no fue contemplada con sensibilidad por la presidente Kirchner, que se encerró en una respuesta dura, lanzó a sus funcionarios a maltratar verbalmente a los hombres y mujeres del sector rural y alentó la respuesta paraestatal del sindicato de Hugo Moyano, primero, y de los piqueteros de Luis D'Elía más tarde.
{niftybox width=30%,align=left,background=ivory,textcolor=maroon,float=right,textalign=justify,border=gold,font=Arial,fontsize=12px}El divorcio entre el gobierno y las clases medias urbanas ya se había manifestado en los comicios de octubre; ahora la separación se ensanchaba en respuesta a una injusticia evidente: ¿quién podía admitir que la señora de Kirchner llamara oligarcas a esos campesinos que vivaqueaban junto a las rutas, a esos trabajadores rurales que podían ser vistos y oídos por TV?{/niftybox} Aunque su cónyuge siguiera moviendo hilos desde sus oficinas de Puerto Madero, el paro agrario le otorgaba finalmente protagonismo a la investidura presidencial: los ojos del país y las lentes de las cámaras de tevé se centraron en la señora de Kirchner cuando el martes 25 ocupó el atril de la Casa Rosada. En todas las asambleas agrarias dispersas en el territorio se habilitaron altavoces para escuchar su palabra. La gran mayoría del país tenía la esperanza de escuchar un mensaje destinado a serenar los espíritus y abrir una puerta al diálogo constructivo. Pero eso no ocurrió. Para referirse a los hombres y mujeres de campo que la estaban escuchando (y que, a su vez, eran observados en las ciudades a través de los televisores) la señora empleó un lenguaje más impiadoso que el que Margaret Thatcher había usado en los 80 para embestir contra los mineros de Cardiff. Y lo acompañó con un tono arrogante. Aunque proclamó en ese discurso que ella se sentía "presidente de todos los argentinos", forma y contenido revelaban que no hablaba por todos ni para todos, sino por y para una facción.
La simpatía por la causa del campo se volvió activa en muchas ciudades, donde volvieron a sonar las cacerolas del año 2001. El divorcio entre el gobierno y las clases medias urbanas ya se había manifestado en los comicios de octubre; ahora la separación se ensanchaba en respuesta a una injusticia evidente: ¿quién podía admitir que la señora de Kirchner llamara oligarcas a esos campesinos que vivaqueaban junto a las rutas, a esos trabajadores rurales que podían ser vistos y oídos por TV?
No faltaba demasiado para que el divorcio del gobierno con la opinión pública de las ciudades se ampliara aún más: sólo tenían que entrar en acción Luis D'Elía y sus brigadas de piqueteros, lanzadas a la violencia en la Plaza de Mayo y rápidamente apañadas desde la Casa Rosada. Esos pasos se consumaron entre el 25 y el 27 de marzo.
Redistribución de la renta
El reclamo del campo, que empezó como respuesta al incremento de las retenciones, excede, en rigor, ese punto. La señora de Kirchner tiene razón cuando considera que el paro apunta contra "el modelo económico" kirchnerista. La presidenta trata de embellecer la naturaleza del golpe impositivo contra el campo alegando que se trata de una medida "para redistribuir el ingreso". Un asalto callejero también es una forma de redistribuir ingresos, pero no la más recomendable para la convivencia civilizada.
El modelo que sostiene la presidente podría ser bautizado "modelo confiscatorio centralista de matriz parasitaria", pues su lógica reside en succionar recursos de los sectores productivos más competitivos de todos los distritos para acumularlos en la caja central y utilizarlos desde allí en la imposición y financiamiento de obediencia política, en la distribución caprichosa y descontrolada de subsidios y en la implantación de un "capitalismo de amigos". Ese es el tipo de redistribución que el "modelo oficial" promueve.
En su desarrollo, las asambleas agrarias fueron bosquejando los rasgos de su propio programa de redistribución: un programa de redistribución del ingreso de base territorial.
Muchas provincias argentinas exhiben un ingreso per capita análogo al de países del Africa subsahariana. Santiago del Estero, una de las provincias más activas en el paro agrario, tiene un PBI por persona de menos de 1.800 dólares, equiparable a la República Popular del Congo. Chaco, Formosa, Jujuy, Tucumán, Corrientes o Misiones, con algo más de 2.000 dólares por persona, se encuentran al nivel de Swazilandia o Cabo Verde. El ingreso medio argentino es de unos 5.000 dólares per capita; por encima de la media se ubican la mayoría de las provincias del Sur (en particular las que gozan de renta petrolera) y la Capital Federal.
A su vez, al interior de las provincias se producen también cuadros de fuertes disparidades entre zonas y municipios, porque en general dentro de cada una de ellas impera un centralismo análogo al que el Estado Nacional les impone a los distritos. En esta columna citábamos una semana atrás a un productor de 9 de Julio, provincia de Buenos Aiures: "Estas retenciones sacan de este pueblo 270 millones de dólares que se van para el Gobierno Nacional, mientras que el total del presupuesto de todo el Gobierno local de 9 de Julio son 12 millones de dólares"
La pelea de los productores rurales contra el régimen de retenciones genera para provincias y municipios la oportunidad de reclamar como derecho lo que se les da (o, más bien: se les mezquina) como limosna. Y ofrece al país la oportunidad de perfeccionar y equilibrar su sistema institucional, vinculando impuestos y gastos a la representación y al control social y jurisdiccional.
Un estudio reciente de la Fundación Mediterránea corrobora que "la transferencia de ingresos que se realiza desde el interior hacia el gobierno central es extremadamente significativa" y apunta casos como el de Chaco o el de Santiago del Estero "que son provincias que muestran desfavorables indicadores en materia de desarrollo económico y humano, y sin embargo son de las regiones que más derechos de exportación generan por cada uno de los habitantes que cada una tiene". Santiago transfiere a la caja central por ese concepto 435 dólares por habitante, Chaco, 351 dólares; Entre Ríos, 630; La Pampa, 670; Santa Fé, 675; Córdoba, 765.
La revuelta agraria recupera la bandera histórica del federalismo en las condiciones de la época. Embrionariamente, al oponerse con vigor a la exacción centralista y reclamar que los impuestos que hoy vuelan al Tesoro presidencial queden en los municipios y en las provincias, genera las bases del reflorecimiento del interior, la revitalización de los pueblos, la descentralización de las inversiones, las obras, las oportunidades de trabajo y el bienestar. Si bien se mira, ese es el envión indispensable para la revolución demográfica que la Argentina necesita, para resolver creativamente el hacinamiento y la miseria de las megalópolis, ocupar e integrar equilibradamente todo su inmenso territorio y sostener esa gran tarea con los réditos de su trabajo y su competitividad internacional.
Así, el movimiento del campo encierra embrionariamente un verdadero programa de redistribución del ingreso y un modelo de crecimiento e integración, frente al modelo oficial, confiscatorio centralista de matriz parasitaria.
Diálogo y sordera
Después del discurso del martes 25 (que la siempre ponderada intelectual progresista Beatriz Sarlo caracterizó como "provocación") y después de las acciones de los mazorqueros de Luis D'Elía, el gobierno palpó su creciente aislamiento.
Lo notó, en principio, en las filas próximas, donde hasta hace poco reinaba la obediencia debida y, de pronto, empezaban a producirse desalineamientos: intendentes y concejales oficialistas que se pronunciaban a favor de las reivindicaciones campesinas; senadores hasta ayer íntimos del poder como el Carlos Reutemann o el cordobés Urquía, hacían lo propio y recogían en el Congreso murmullos de solidaridad que preanuncian futuras desobediencias. La Iglesia, gobernadores, grandes agrupamientos empresarios reclamaban una actitud sensata, un llamado al diálogo "sin condicionamientos previos". El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, tan pronto regresó de una gira oficial por Brasil puso manos a la obra para construir puentes de convergencia.
La señora tuvo su segunda oportunidad el jueves 27. Eligió un escenario faccioso para hablar del tema. Tan ladeado, que a sus espaldas, en el palco de personalidades, se encontraba D'Elía, de quien, cual si de asesor literario se tratara, tomó en préstamo varias expresiones, no precisamente bien temperadas. La señora de Kirchner reconoció esa noche, en Parque Norte, que le cuesta gobernar, que se le hace difícil. Se lo atribuyó a cuestiones de género, pero es posible que haya errado en el diagnóstico. Agredió a los caceroleros porteños, insinuando con poco disimulo que se trataba de "defensores de Videla", nada menos. Sin embargo, es muy posible que muchos de ellos como en el caso de los campesinos de las rutas- hayan sido votantes de ella o de su marido. En cualquier caso, se trataba de miles de ciudadanos muchas mujeres, muchos jóvenes, desmintiendo quizás la idea de que la juventud se desinteresan de la cosa pública- que estaban reclamando en plazas del país un cambio de actitud; no pedían un golpe de estado: reclamaban diálogo, concordia, convergencia.
La señora pareció necesitar el extenso excipiente de casi una hora de agravios y juicios agresivos, para poder vocalizar al fin de su arenga una invitación a los ruralistas. No la invitación al diálogo sin requisitos previos que le pedían amplios sectores de la sociedad, sino una invitación a condición de que el campo levantara el paro.
Pese a la desconfianza sembrada por tantas hostilidades, pese a la presión que llegaba desde las banquinas, las cuatro organizaciones mayores del agro levantaron el paro, aunque mantuvieron (no fue una decisión, fue la aceptación de un hecho incontrastable) el estado de asamblea. Y el viernes 28 se hicieron presentes en la Casa de Gobierno.
La invitante sólo pasó para saludar, dejó en la reunión a sus delegados (el jefe de gabinete, su pupilo, el joven Martín Lousteau, y su adversario, el secretario de Comercio Guillermo Moreno) y se fue, reservándose el derecho de veto.
En la reunión quedó la impresión de que los representantes oficiales sólo habían convocado a una reunión de entretenimiento: no tenían ofertas para hacer, pero tenían mandato para rechazar. El campo no reclamó el fin de las retenciones, ni siquiera la anulación de los aumentos: sólo pidió la suspensión temporaria de esos incrementos; retrotraer la situación al minuto antes de la explosión del conflicto y darse un período para reencauzar el tema. Es decir: el procedimiento habitual en los casos de conciliación. La presidenta no quiso ni oir hablar de una suspensión: ni por tres meses, ni por un mes, ni por un día. Lógica consecuencia: el campo retomó el paro.
La última semana albergó la amenaza del ministro de seguridad (no cumplida, probablemente imposible de cumplir) de "despejar las rutas" con la Gendarmería o la Prefectura. Ahora se rumorea que el ex presidente Kirchner analiza la posibilidad de que se decrete el estado de sitio. ¿Se dedicará el kirchnerismo a la práctica del bumerán?
En la misma semana en que el gobierno malgastaba dos oportunidades de encauzar el conflicto con el campo (es decir con el sector de la economía nacional que más invierte, más aporta y que da más trabajo) en algunos puntos del conurbano bonaerense y en suburbios de ciudades del interior se producían algunos saqueos y amagos de saqueo. No es imposible que se trate de destellos de otro aspecto de la realidad que el gobierno no atina a enfocar adecuadamente: la inflación creciente, particularmente la de la canasta alimentaria, la que más afecta a los sectores socialmente más vulnerables.
Ni la inflación se detiene con las brigadas de inspectores o las estadísticas inventadas de Moreno ni las causas sociales se defienden con los métodos de D'Elía o las movilizaciones camioneras de Moyano.
El país necesita sensatez, redistrubución territorial del ingreso, paz, instituciones. Necesita gobernabilidad, un estado capaz de mantener el monopolio institucional de la fuerza, no uno que cobije violencia paraestatal. Hay que aprender en serio de la historia.
No agreguen acción directa, que de eso ya hay de sobra.