En términos económicos, la corrupción impacta negativamente en el desarrollo de un país y potencialmente, en la distribución del ingreso. Los sobreprecios, las coimas muchas veces incluidas en ellos--, la contratación arbitraria de proveedores, el nepotismo drenan recursos del presupuesto público a favor de grupos en connivencia con el poder. En términos sociales, la corrupción corroe el tejido social generando desconfianza y alimentando la frustración y la apatía general frente al sistema democrático. Habitualmente la corrupción genera efectos directos en la vida cotidiana de las personas impidiendo su acceso a servicios públicos de calidad violando sus derechos humanos.
{sidebar id=9}La degradación medioambiental es otra consecuencia de sistemas corruptos. La debilidad del cumplimiento normativo en defensa del medioambiente y la instalación de industrias lesivas producen efectos terribles en el planeta.
En definitiva, la corrupción atenta contra la calidad institucional, la justicia social y el desarrollo.
Reducir la corrupción a través de la prevención
No se conoce país en el planeta sin actos de corrupción. No obstante, el nivel de corrupción suele ser menor en aquellos países en los que las instituciones son sólidas, el cumplimiento de la ley es alto y el control, eficiente. Para ello es necesario invertir en los controles que aumenten los costos de ser corrupto, o generen los incentivos necesarios para no serlo.
Los controles permiten detectar situaciones irregulares antes de que se concreten. Los costos de prevenir la corrupción son siempre más bajos que los de investigarla. Si no, pensemos el gasto y el impacto negativo sobre la calidad institucional que tiene conocer que la investigación judicial de una causa de corrupción alcanza un promedio de catorce años (CIPCE, 2007). A su vez, la ausencia de condena reproduce la sensación de impunidad.
Sucesivos informes de OEA y de organizaciones no gubernamentales como Poder Ciudadano hacen hincapié en la puesta en marcha de medidas que permitan una mayor transparencia:
Un necesario debate normativo vinculado a la Ley de Ética en la Función Pública y a los resortes institucionales que garanticen su cumplimiento,
La incorporación de buenas prácticas en el financiamiento de los partidos y las campañas electorales,
El diseño de procesos de compras y contrataciones abiertos al control y la participación ciudadana,
La aprobación de una ley de acceso a la información pública que cumpla con los estándares internacionales que permita abrir las cajas de información del Estado a la ciudadanía,
La creación de un régimen que proteja denunciantes y testigos de actos de corrupción,
Un efectivo control de los conflictos de intereses de servidores públicos que ingresan a la administración,
La incorporación de dispositivos de control y participación ciudadana en los procesos de designación de funcionarios en órganos de control (AGN, SIGEN, OA, entes reguladores de servicios públicos), y,
La dotación del Congreso de atribuciones y recursos técnicos para ejercer un efectivo control sobre la ejecución presupuestaria.
La transparencia permite que todas las decisiones que toma un funcionario se vuelvan visibles, por tanto, pasibles de permanente control. La observación y el escrutinio públicos son esenciales para la prevención de la corrupción.
En esta tarea, el Congreso, la oposición, los órganos de control, el periodismo, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía son actores esenciales. El mejor gobierno es aquel que se sabe observado y limitado.
(*) Directora Ejecutiva Fundación Poder Ciudadano Capítulo Argentino de Transparencia Internacional.