Salta, vanguardia de la destrucción
El gobierno de Salta, responsable de la mayores acciones de devastación de los bosques nativos en el Norte de la Provincia, intenta frenar la sanción de esa Ley argumentando que se trata de una iniciativa destinada a frenar el desarrollo económico local impulsada por terroristas ambientalistas, financiados por grandes empresas de países desarrollados interesados en impedir ese desarrollo en los países periféricos.
La sanción de una ley que regule el uso de los bosques nativos de la Argentina es uno de los principales objetivos la actual lucha de varias organizaciones ambientales y sociales que, hace dos semanas, lanzaron una campaña para lograr que la Cámara de Senadores trate el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la Protección de los Bosques Nativos, que cuenta con media sanción en Diputados. Ya llevan recopiladas la firma de más 160 mil personas en todo el país.
La campaña fue lanzada por Greenpeace, y apoyada por la Fundación Vida Silvestre Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Proteger, entre otras ONG y organizaciones políticas. Su objetivo es alcanzar el millón de adhesiones para que el Senado escuche el pedido de la ciudadanía.
Moratoria por un año
La ley que promueven consiste en establecer una moratoria de un año para los desmontes, hasta que cada provincia realice un ordenamiento territorial de los bosques nativos para planificar su uso, pero de manera sustentable. Además, prohíbe explícitamente el otorgamiento de permisos de desmonte en zonas tradicionalmente habitadas.
La recolección de las adhesiones se realiza a través de Internet en el sitio www.greenpeace.org.ar/leydebosques. Allí, los interesados en participar en este pedido pueden dejar su firma e imprimir el formulario para hacerlo firmar entre amigos o conocidos. A través de la organizaciones que apoyan la iniciativa, estamos haciendo llegar los formularios a distintas provincias, donde se instalan mesas de recopilación de firmas en lugares públicos, contó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. Se recolectaron firmas en La Plata, Santa Fe y en Mendoza.
El 70% de los bosques desapareció
Actualmente hay 32 millones de hectáreas de bosques nativos en el país, pero con los años se perdieron 120 millones de hectáreas. Es decir, el 70% de nuestros bosques desaparecieron por su desmonte, destacó Giardini. En efecto, los últimos datos de Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación revelan que nuestro país se encuentra en una verdadera Emergencia Forestal: entre 1998 y 2002 desaparecieron 781.930 hectáreas de bosques.
En los últimos cuatro años, este proceso empeoró considerablemente: los desmontes arrasaron con 1.108.669 hectáreas, lo que equivale a 280.000 hectáreas por año, a 821 hectáreas de bosques por día, y a 34 hectáreas por hora.
Según Giardini, las zonas más afectadas por el desmonte de bosques nativos (para expandir la agricultura y la ganadería) son el parque chaqueño (que abarca parte de Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa) y las yungas salteñas y jujeñas, donde la tala de sus árboles no sólo trae aparejado un efecto irremediable de los recursos naturales del país, sino que además provoca el desalojo de comunidades de campesinos indígenas que, si bien no poseen títulos de propiedad, viven en esas tierras desde hace 200 años. Son las que terminan formando los cordones de pobreza en Buenos Aires, Santa Fe, y en los alrededores de otras ciudades, explica Giardini.
Por orden de Romero
Los senadores que representan a las provincias del Norte del país son, precisamente, quienes mantienen detenida la sanción de la ley de bosques, según Giardini: Están presionando para no tratar la ley porque, en sus provincias, se venden esas tierras a un alto precio para el agro; los bosques, en cambio, no les dan grandes ganancias, remarcó. Los senadores nacionales por Salta, Sonia Margarita Escudero y Marcelo López Arias, son dos de los principales promotores del rechazo a la ley, en sintonía con las directivas del gobernador Juan Carlos Romero.
Pero el desmonte de bosques nativos es, claramente, un caldo de cultivo de catástrofes naturales. Se comprobó cómo la eliminación de los bosques del norte de Santa Fe provocó las inundaciones de 2003 en esa provincia. Lo que también pasó en Santiago del Estero y Chaco, señala Giardini.
Agrega que los cambios climáticos también son fruto de este problema: se elimina a los bosques que son reservorios de oxígeno y, para eliminarlos, se los quema. Esto produce más monóxido de carbono que las mismas industrias. Según Giardini, en la Argentina la tasa de deforestación supera seis veces la tasa mundial. Tenemos, incluso, más deforestación que en África, destaca.
Ordenamiento territorial
La búsqueda de una moratoria para el desmonte de los bosques no pretende impedir su uso sustentable. En efecto, según las ONG que participan de la campaña por la ley de bosques, la idea de detener sus desmontes tiene como objetivo que las provincias planifiquen su uso. Para ello, la ley establece que el Gobierno Nacional establezca los presupuestos mínimos para el uso de los bosques, y las provincias tendrán la obligación de adherirse a esta normativa. A partir de ahí, cada una de ellas podrá complementar la ley, de acuerdo a sus necesidades sociales, económicas y ambientales.
Cada provincia debe buscar, con la participación de la ciudadanía y de los empresarios que utilizan sus tierras, qué espacios de los bosques se pueden utilizar y cómo. La idea no es prohibir su uso, sino ordenarlo. Esto está garantizado, incluso, por el artículo 41 de la Constitución Nacional, destacó Natalia Machain, coordinadora de Conservación de FARN.
Evitar la catástrofe
Con ella coincidió Aníbal Parera, director general de la Fundación Silvestre. Vivimos en un país sin políticas de Estado a largo plazo y eso es lo que está afectando a nuestros bosques nativos. Nadie habla de no usarlos, sino a aprender a hacerlo, señaló Parera. Y explicó que es necesario que la sanción de la ley de bosques sea urgente, para evitar su acelerada deforestación. Para esto, el Estado debe informar bien a los pequeños productores, y acompañarlos con políticas de incentivo, para evitar que sigan desmontando, remarcó.
Es que, según Parera, ante los rumores de la moratoria de desmonte, los productores se están apurando en desmontar y utilizar las tierras para su producción por temor a quedarse sin su medio de subsistencia cuando la ley empiece a regir.
Para evitar esto hay que acompañar a los productores con políticas de reducción impositiva para quienes contribuyan en esta moratoria; o permitirles acceder a nuevos mercados, con productos obtenidos en el mismo bosque; o acompañarlos con herramientas tecnológicas, para evitar que simplemente tiren y quemen los árboles, ejemplificó.
La campaña fue lanzada recientemente en Santa Fe en un acto organizado por Greenpeace y la Fundación Proteger, realizada en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).