Puede que las hiciera muy discretamente o que, forzado por sus lealtades políticas y por su reconocida elegancia, haya decidido omitirlas para no abrumar al señor Massa en sus primeros días de gestión.En cualquier caso los salteños necesitamos saber qué piensa nuestro Gobernador sobre este aspecto financiero de las relaciones federales.
Sobre todo cuando varios ministros provinciales han comenzado a esgrimir el argumento de la crisis fiscal para rechazar demandas de mejoras salariales de maestros, policías, empleados municipales y judiciales, y de mejoras de las jubilaciones de los beneficiarios de la ex Caja de Jubilaciones de la Provincia.
Existen en Salta (y ello es cada día más evidente) idénticas razones a las esgrimidas por los citados gobernadores provinciales que, como sucedía en otros tiempos, vuelven a desfilar por la Casa Rosada reclamando fondos federales imprescindibles para atender reclamos sociales y para equilibrar cuentas en progresivo desorden.
La Provincia de Salta está resultando damnificada por las políticas nacionales en muchos aspectos:
La crisis de las retenciones y la no coparticipación de esta parte de la recaudación nacional; el control de los precios de los hidrocarburos y su impacto sobre las regalías y sobre los consumidores locales de energía; la pérdida del poder de compra de las jubilaciones provinciales; la escalada de precios que sucede ante la ineficacia de la Administración Nacional; los desincentivos a las inversiones; el congelamiento de las ayudas públicas a la pobreza; los subsidios que favorecen a consumidores del puerto y de la pampa pero que no llegan o perjudican a productores y consumidores salteños, son asuntos que el Gobernador Urtubey debe plantear con rigor y energía a las autoridades del Estado nacional.
Parafraseando a un filósofo griego que se refería a sus vínculos con Sócrates, don Juan Manuel Urtubey debería decir: Soy amigo de la Presidenta pero más amigo de los salteños. Y actuar en consecuencia.
De lo contrario, Salta volverá a perder en esta incipiente y sorda puja distributiva interestatal, y los conflictos laborales y sociales recrudecerán, como está sucediendo en otras jurisdicciones.