El vicepresidente parece positiva y lealmente empeñado en abrir espacios de diálogo institucional que ayuden a resolver el mal llamado problema del campo. Sin embargo, su idea de convocar a los Gobernadores de las Provincias, con idéntico motivo, es un auténtico despropósito.El señor Cobos, ex radical y mendocino, parece estar comprobando lo mismo que en su día advirtió Alejandro Gómez, vicepresidente en tiempos de Arturo Frondizi, y que él debió valorar y aceptar desde el momento en que consintió integrar la fórmula presidencial triunfante en los comicios de 2007: La incómoda opacidad de la segunda magistratura de la república.
Algunos vicepresidentes sobrellevaron la situación con elegancia y dignidad. Otros buscaron afanosamente inventar funciones que satisficieran sus ansias de protagonismo (fue el caso de Carlos Alberto Álvarez, nacido en Balvanera). Los hubo también quienes optaron por soportar el mal humor, la guaranguería y los desplantes de Presidentes autoritarios.
Sin lograr resolver su conflicto con la Unión Cívica Radical, que lo expulsó de sus filas por indisciplina partidaria, don Julio Cobos ha prestado un servicio a la nación al atreverse (así están las cosas en la República Argentina) a reunir a los senadores para tomar cartas en el largo conflicto por las retenciones agropecuarias.
Pero acaba de equivocarse grandemente al convocar a los gobernadores de las Provincias.
No hay en la Constitución Nacional ni una sola norma que habilite al vicepresidente a actuar como lo ha hecho el señor Cobos.
Por cerrada que sea la posición de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por mucho que molesten su talante, sus gestos y su fraseología, por alarmada que esté la opinión pública ante la prolongación de un conflicto que impacta en la vida cotidiana, nada hay (ni podrá haberlo nunca) que legitime convocatorias al margen de la Constitución Nacional.
Ha hecho por ello muy bien el Gobernador de Salta al rehusar una invitación imprudente y peligrosa para las instituciones.
Su rechazo hubiera sido perfecto si, en vez de invocar razones de agenda, se hubiera fundamentado en la incompetencia del vicepresidente de la República.