Si bien, tanto las autoridades del gobierno como del poder judicial se han movido con extraordinaria rapidez ni bien se conoció la existencia de esta documentación, nada indica, por el momento, que se trate de documentación auténtica y fidedigna. Será la justicia la que deba expedirse sobre este punto, así como sobre la responsabilidad de quienes pudieran haber elaborado aquellos informes.Según ha podido saber Iruya.com, la mayoría de los casi 2.000 folios hallados, contiene información bastante conocida en la época, con el añadido de que la misma ha sido redactada en forma burda, con abundantes errores ortográficos y sintácticos y acompañada imprecisiones notables en cuanto a la identidad de las personas y de conclusiones frecuentemente disparatadas. Todo lo cual "da la idea del escaso nivel, tanto educativo como de mando en alguna organización de espionaje, de las personas que los elaboraron", informan estas fuentes.
No obstante la actuación diligente del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, así como la del Coordinador de Bibliotecas y Archivos de Salta, algunos activistas han tachado de negligente la actuación de estas autoridades, difundiendo la poco creíble sospecha de que alguno de ellos "estaría colaborando" para asegurar algún tipo de impunidad en los juicios.
Lo cierto es que esta polémica documentación ya se encuentra en poder de la justicia federal salteña, si bien algunas fuentes judiciales consultadas, coincidiendo con los expertos que las analizaron previamente, han adelantado que no cabe esperar de ellas ningúna revelación que suponga un "salto cualitativo" en la marcha de las causas de Derechos Humanos.
Otros portavoces judiciales que prefieren permanecer en el anonimato han dicho, sin rodeos, que la presunta documentación sobre espionaje no pasaría de ser "otro fiasco" como el que en su momento supuso "la apertura de tumbas NN en el cementerio de la Santa Cruz".