El informe afirma que ese departamento de Estado "incumplió normativas provinciales, no puso en práctica correcciones y sugerencias realizadas por los organismos de control y estimó mal los recursos que finalmente utilizó".Afirma también que la Secretaría de Prensa, por entonces a cargo del periodista Humberto Echechurre, "no constató la efectiva prestación de los servicios contratados en radios y canales de televisión; asimismo, no contaba (y al parecer, no cuenta todavía hoy) con elementos objetivos para conocer cuáles son los medios de mayor audiencia y penetración".
Nuevo Diario sostiene que estas conclusiones confirman "lo que siempre se supuso", es decir, que el gobierno de Juan Carlos Romero "distribuyó arbitrariamente la pauta publicitaria".
La Auditoría constató también que la Secretaría de Prensa eludió el cumplimiento de la ley provincial 6838 que, impone, para las contrataciones directas la previa aportación de tres presupuestos. Se afirma que, en su descargo, la Secretaría adujo que procedió de esta manera porque "contrató con los medios de mayor audiencia y penetración". Pero al no disponer de ninguna herramienta para medir audiencia y penetración, el matutino infiere que la Secretaría "sólo conjeturó" cuáles eran esos medios y concluyó "que eran los que pertenecen a la empresa Horizontes S.A., de propiedad del entonces gobernador y de su familia".
El informe de la Auditoría pone también en tela de juicio la calidad de los procesos de la Secretaría de Prensa, "que no poseía un manual de misiones y funciones". Dicho manual, que hoy existe, fue elaborado en 2006, con el proceso de auditoría ya en marcha, y por ello no fue tenido en cuenta en el informe.
Pese a que el ordenamiento exige a los diferentes departamentos de Estado disponer de una carta de servicios y un sistema de autoevaluación de la calidad de los servicios, la Secretaría de Prensa dejó de elaborar "los informes periódicos de la ejecución presupuestaria y de gestión" y "tampoco recolectó los datos estadísticos de los actos administrativos que emitió", conforme está previsto en la carta de servicios.
Según Nuevo Diario, estas omisiones motivaron que la Oficina de Calidad de Servicios Públicos calificara a la Secretaría de Prensa con 215 puntos sobre 1.000 posibles.
Finalmente, la Auditoría también observó que los cálculos de ejecución presupuestaria no se ajustan a los que el Gobierno gastó finalmente en 2005 en concepto de publicidad y propaganda, ya que en el curso de tal año se aprobaron órdenes de publicidad por 11.379.290,99 pesos, mientras que el crédito original era de sólo 5 millones y medio de pesos.