Los más críticos se han apresurado a destacar la contradicción que supone crear una unidad de renegociación, para revisar las contrataciones heredadas de la administración anterior, y la declarada voluntad gubernamental de no rescindir contrato alguno. ¿Qué ocurrirá si el proceso de renegociación naufraga? ¿Seguirá el gobierno afirmado en su decisión de no rescindir? ¿Hacer pública esta decisión, no concederá a las empresas más fuerza en el proceso de renegociación?Incluso algunas voces cercanas al gobierno se han alzado para reclamar el final de las privatizaciones romeristas. Es el caso del diputado provincial Carlos Morello que abogó por terminar con Aguas de Salta. Según el legislador, se trata de un emblema de las privatizaciones romeristas que, como poco, ha traído mala calidad del agua, falta de inversión, escasez del servicio en innumerables localidades y barrios y contaminación del medioambiente a través del vertido de líquidos cloacales.
Morello entiende, a diferencia de Urtubey, que los anteriores son motivos de sobra para proceder a la rescisión del contrato.
Por otro lado, algunos sectores más afines al gobierno han interpretado las declaraciones de Urtubey como la expresión de una voluntad de acordar más que de confrontar, de propiciar el cumplimiento de los contratos antes que su ruptura y de asegurar los derechos de los usuarios de estos servicios, que en algún caso se podrían ver lesionados si se procediera a una rescisión masiva e indiscriminada de los contratos. Otros incondicionales sostienen que con un Ente Regulador, dirigido como está por Posadas, será más que suficiente para traer al redil de la legalidad hasta la empresa más reacia.
No han faltado, desde luego, quienes ven en la nueva postura de Urtubey respecto de los servicios privatizados un nuevo indicador de continuidad con el estilo y la filosofía de gestión de su predecesor. Para estas voces críticas, sería bueno que Urtubey dijera, más pronto que tarde, que su promesa de cambio fue sólo un eslogan para ganar las elecciones.