Medios nacionales se ocupan de la represión policial a vecinos del barrio Divino Niño Jesús

Como una cruel paradoja del destino, mientras el gobernador Romero escuchaba en Roma las palabras del Papa Benedicto XVI condenando la "lógica del provecho" y defendiendo la moralidad del reparto como vía para frenar la creciente desigualdad entre pobres y ricos, en Salta la policía que encabeza el gobernador apaleaba indigentes sin contemplaciones. Mujer policía, a lo TysonLos episodios represivos que afectaron a unas cincuenta familias establecidas en un terreno fiscal próximo al barrio Niño Jesús de Praga, en la zona oeste de la ciudad de Salta, fueron recogidos por medios nacionales como TELEFE, TN y Clarín, entre otros.

Clarín califica de “violento” el desalojo llevado a cabo por la policía. Según este medio, el asalto policial se realizó “a la hora de la siesta y sin contemplar la presencia de niños y mujeres". "Unos doscientos policías desalojaron al menos a unas cincuenta familias que desde el miércoles ocupaban un terreno fiscal en inmediaciones del barrio Niño Jesús de Praga, ubicado al oeste de la capital salteña y muy próximo a la Casa de Gobierno”.

El episodio ha provocado la lógica indignación de los vecinos afectados, algunos de los cuales -como se puede ver en la fotografía de la derecha- fueron agredidos a golpes de puño por miembros de las fuerzas de seguridad.

En plena campaña electoral, las repercursiones de este hecho han sido inmediatas y prácticamente unánimes las declaraciones de condena por parte de las fuerzas políticas opositoras al gobernador Romero.

Fuentes de la oposición mayoritaria señalan que el empleo de la fuerza represiva policial para resolver problemas sociales es síntoma no sólo del "deterioro moral en que se encuentra inmerso un gobierno crepuscular" sino consecuencia de la ineficacia e inequidad de las políticas que dividen arbitrariamente a los pobres entre "colaboracionistas" y "revoltosos".

Según la oposición, las ayudas económicas y sociales -en algunos casos cuantiosas- están disponibles para los denominados "pobres colaboracionistas", mientras que para los otros el gobierno ha puesto en práctica una suerte de "solución final" consistente en reprimirlos cada vez que hay ocasión para ello.